Johansson Ladino, ingeniero geólogo petrolero y ex trabajador de Pdvsa, es uno de los más de 100 presos políticos postelectorales que permanecen recluidos en el Internado Judicial de Carabobo (penal de Tocuyito).
El hombre, de 41 años, se dirigía del trabajo a su casa cuando fue aprehendido por funcionarios de la Policía Nacional en el municipio Los Guayos, el 30 de julio. Aunque es parte de la causa de los 103, grupo acusado por un presunto ataque a un establecimiento en Guacara, su familia defiende su inocencia y pide la revisión de su expediente.
María Torres, su esposa, pasa junto con cientos de familias su día a día frente de la cárcel con la esperanza de que Johansson pueda reunirse con sus tres hijos menores de edad. «Pido encarecidamente a las autoridades que le otorguen la libertad a mi esposo. Temo por su salud física y mental actual».
«Pido la libertad de todas las personas recluidas, que son alrededor de 150. Con sus familiares permanecemos aquí a diario con la esperanza de que sean emitidas sus boletas de excarcelación y puedan regresar a nuestros hogares».
¿Se paralizó el proceso de excarcelaciones?
Tras la excarcelación de Héctor Esqueda, ingeniero agroindustrial, profesor de matemáticas y gerente del vertedero del estado Cojedes, quien inició una huelga de hambre el 3 de enero, el proceso de excarcelaciones se paralizó.
A pesar de que Tarek William Saab, fiscal general, informó en un comunicado que se han otorgado mil 515 excarcelaciones vinculadas a los sucesos del 28 de julio, en el penal de Tocuyito cientos de personas esperan la liberación de sus seres queridos.
Foro Penal, en su último balance de presos políticos, contabilizó mil 697 personas detenidas por razones políticas. De los mil 495 hombres y 202 mujeres, mil 535 son civiles y 162 son militares. Según el foro, del 1 al 12 de enero del 2025 hubo 83 detenidos políticos.
Con información de El Carabobeño
