Un total de 11 adolescentes de Carabobo fueron enviados a juicio por su participación en las protestas poselectorales. El miércoles 2 de octubre, el Tribunal 2 con competencia en Terrorismo, bajo la dirección de la jueza Keidimar Ramos Castillo, llevó a cabo la audiencia telemática para un grupo de siete jóvenes de entre 15 y 17 años detenidos en Valencia.
24 horas después, otros dos menores de edad fueron pasados a juicio desde el Circuito Judicial Penal de San Juan de Los Morros. Todos recibieron la misma medida, que a sus familiares les parece un guion, previamente escrito.
Los jóvenes fueron trasladados a tribunales guariqueños desde la entidad de atención José Damián Ramírez, ubicada en San Juan de los Morros, pese a que fueron capturados y residen en el sur de Valencia. Un tercer menor de edad, recluido en Valencia, no fue trasladado al Palacio de Justicia de la capital carabobeña para la audiencia telemática. Se desconoce la razón.
Como en las dos audiencias preliminares anteriores, el procedimiento fue el mismo. El fiscal solicitó una pena de 10 años por los delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vía pública y resistencia a la autoridad. En estos dos casos se agregó uso indebido de uniformes e insignias militares. No hubo mayor oposición. La defensora pública, Kelly Pérez, solicitó una revisión de medida que la jueza Ramos negó.
Pero antes de hacerlo Ramos repitió la oferta: Si se declaran culpables cumplirán una condena de 6 años y 8 meses, sin beneficios. De lo contrario irán a juicio y corren el riesgo de recibir un castigo de 10 años de prisión.
Los jóvenes, de 17 años, no aceptaron. Irán a juicio.
Con información de Tal Cual
