El presidente de los EE. UU., Donald Trump, afirmó este jueves, 18 de diciembre de 2025, que posee la autoridad suficiente para ordenar operaciones militares terrestres contra los grupos del narcotráfico que operan en territorio venezolano sin necesidad de consultar previamente al Poder Legislativo.
Al ser consultado por la prensa sobre si buscaría una autorización formal del Capitolio para este tipo de incursiones, el mandatario fue enfático al señalar que, aunque no descarta la comunicación, no la considera un requisito legal indispensable para actuar.
«No tengo que decirles, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren», declaró el jefe de Estado.
Estas declaraciones se producen en el marco de una escalada de la estrategia de «presión máxima» de la Casa Blanca, que ya mantiene un bloqueo naval absoluto en las costas del Caribe para detener el flujo de crudo y estupefacientes.
Trump ha reiterado de manera sistemática que el gobierno de Nicolás Maduro protege a estructuras criminales que amenazan la seguridad nacional de los EE. UU., por lo que considera que cualquier acción táctica en suelo venezolano estaría justificada bajo el concepto de defensa propia y combate al narcoterrorismo.
El mandatario sugirió que la discreción es vital en estos planes, insinuando que la burocracia legislativa podría comprometer el factor sorpresa necesario para el éxito de los ataques.
La postura de la administración ha generado una reacción inmediata en el Congreso de los EE. UU., donde diversos legisladores demócratas han recordado que, según la Constitución, la facultad de declarar la guerra y autorizar el uso de la fuerza militar reside en el parlamento.
Sin embargo, el equipo legal de Trump sostiene que el presidente, en su rol de comandante en jefe, tiene el poder ejecutivo de responder a amenazas inminentes de carteles internacionales.
Mientras tanto, en Caracas, el Alto Mando militar venezolano ha calificado estas palabras como una confesión de planes de invasión, elevando al máximo el estado de alerta en las fronteras ante la posibilidad de que el asedio marítimo se transforme en una intervención terrestre coordinada por Washington.
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