El chavismo y la oposición representada por la Asamblea Nacional de 2015 cerraron la noche del miércoles 21 de octubre su tercera ronda de diálogo, con acuerdos para revisar cuatro leyes vinculadas a las garantías políticas y la participación ciudadana. Entre ellas figura la Ley Orgánica de la Contraloría, en lo relativo al proceso de inhabilitaciones, y la Ley de Partidos Políticos.
También se anunció el inicio del debate para crear una Defensoría de garantías políticas y participación ciudadana, y una comisión conjunta para recuperar el oro retenido en el Banco de Inglaterra.
Las conversaciones comenzaron el 6 de agosto. El primer ciclo cerró el 12 de agosto con el acuerdo de renovar el TSJ y recuperar los activos depositados en Londres. La mesa se reanudó a partir del 15 de septiembre. El tercer ciclo arrancó el 14 de octubre, con la renovación del Tribunal Supremo como punto principal previsto en la agenda.
Sobre el TSJ, la oposición ha dado un calendario. Dinorah Figuera, jefa de su delegación, dijo que habrá nuevo Tribunal Supremo en noviembre y, como máximo, en diciembre.
Sin embargo, lo acordado en este ciclo es seguir coordinando la renovación y la designación de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, es decir, ese órgano aún no está conformado.
El CNE no apareció entre los resultados. Figuera había anticipado garantías políticas en octubre, TSJ en noviembre y posiblemente un nuevo CNE en diciembre, pero las conclusiones de esta fase no abordaron el tema electoral.
Siguen pendientes los acuerdos sobre la composición de los organismos electorales y la ruta hacia nuevos comicios. Figuera ha planteado elecciones presidenciales a finales de 2027, o a inicios de 2028, tras una depuración del sistema electoral.
En cuanto a las inhabilitaciones, lo pactado es una revisión de la normativa, no su levantamiento. Mientras la sanción contra María Corina Machado siga vigente, la Nobel de la Paz no puede competir en ninguna elección en Venezuela. Ni Machado ni Edmundo González Urrutia participan en el diálogo.
Según Figuera, las diferencias entre las delegaciones se concentraron en la mesa de garantías políticas.
La oposición también reclama revertir la intervención judicial de sus partidos: el TSJ impuso directivas y les retiró sus símbolos, mientras el CNE impidió la inscripción de Vente Venezuela y otras agrupaciones.
El proceso cuenta con el respaldo de Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
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