El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresó este miércoles 21 de octubre su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba y manifestó su “firme rechazo” a la nueva orden de arresto emitida por un tribunal del estado de Florida, en Estados Unidos, contra el expresidente cubano Raúl Castro. Lo hizo mediante un comunicado fechado en Caracas.
La organización calificó la medida como una “maniobra intimidatoria” contra un líder histórico de 95 años. Sostuvo que carece de elementos jurídicos reales, que atenta contra los principios elementales del derecho internacional y que busca debilitar la soberanía de la República de Cuba.
El PSUV vinculó la decisión judicial con lo que describe como un recrudecimiento del bloqueo económico y una política de “asfixia material” aplicada al pueblo cubano desde enero de 2026.
Por ello reclamó una acción urgente y conjunta de las naciones latinoamericanas y caribeñas para exigir el cese inmediato del cerco a la isla.
El texto cierra con un llamado a respetar la soberanía de Cuba y el derecho de su pueblo a la independencia y a la libre autodeterminación.
La orden a la que se refiere el partido fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, y anunciada el lunes 19 de octubre por el fiscal general del estado, James Uthmeier.
Castro, que tiene 95 años y reside en Cuba, es acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas. El tribunal dispuso que no tenga derecho a fianza.
Según la fiscalía estatal, Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue uno de los responsables de la decisión final dentro de la cadena de mando que autorizó el ataque. Uthmeier, cuya oficina reabrió la investigación en marzo, afirmó que Florida seguirá exigiendo responsabilidades por el caso.
Se trata de una causa estatal que se suma a la acusación federal presentada en mayo por el Departamento de Justicia de EEUU contra Castro y cinco exoficiales de las fuerzas armadas cubanas.
Esa imputación incluye cargos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
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