La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos emitió un pronunciamiento institucional para denunciar que el reciente operativo militar mixto en el que resultó abatido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», constituye presuntamente una ejecución extrajudicial y una flagrante violación a la soberanía territorial.
La organización civil cuestionó de manera frontal la actuación de las autoridades locales tras confirmarse que el Comando Sur de los Estados Unidos operó de forma directa en el sur de Venezuela con la complacencia y coordinación del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
A través de un manifiesto público, la directiva de la coalición defensora de derechos fundamentales exigió transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que ampararon el despliegue bélico en el estado Bolívar y demandó la publicación inmediata del saldo humano total de la operación.
De igual forma, la organización exhortó al fiscal general, Larry Devoe, a aclarar si el Ministerio Público tuvo conocimiento previo del asalto táctico, al tiempo que instó a la Defensoría del Pueblo a explicar cuáles fueron las medidas civiles aplicadas para intentar garantizar el respeto a las garantías constitucionales de la población civil residente en el sector minero.
La organización recordó que la crisis estructural en el sur del país se agudizó desde el año 2016 con la creación del denominado Arco Minero del Orinoco, un proyecto estatal que, a su juicio, propició la masificación de la minería ilegal a gran escala, la destrucción ambiental y la afectación directa de los territorios ancestrales indígenas.
El pronunciamiento detalló que el abandono sistemático de esos espacios geográficos por parte del Estado facilitó que bandas delictivas transnacionales, como el Tren de Aragua, se disputaran el control de las economías criminales del subsuelo bajo un esquema de absoluta impunidad que ahora pretende ser abordado mediante el uso de la violencia armada internacional.
Finalmente, la ONG alertó sobre el silencio administrativo mantenido por las autoridades de Caracas, revelando que el pasado 9 de junio ya habían solicitado formalmente información detallada a la administración de Rodríguez sobre los movimientos de tropas en Guayana, recibiendo una negativa institucional como respuesta que solo se rompió cuando la Casa Blanca difundió los resultados del asalto.
Ante este escenario, los activistas exigieron la aplicación estricta del Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas, advirtiendo que la lucha legítima contra el crimen organizado transnacional jamás puede transformarse en una carta blanca para ejecutar detenciones arbitrarias o vulnerar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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