La delegación del Gobierno venezolano y la representación de la oposición en la Asamblea Nacional electa en 2015 retomarán desde este miércoles 11 de noviembre las conversaciones en Caracas.
La nueva ronda se extenderá hasta el domingo 15 y será la cuarta desde que el proceso se puso en marcha el 6 de agosto.
La fecha fue anunciada el 22 de octubre por Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista y presidente del Parlamento, al término de una reunión en Miraflores con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para presentar el balance del tercer ciclo.
Esa tercera ronda, cerrada el 21 de octubre, incluyó dos plenarias y quince reuniones en cuatro mesas técnicas.
Las partes acordaron revisar la Ley de Partidos Políticos, las normas sobre inhabilitaciones previstas en la Ley Orgánica de la Contraloría General y la tipificación del terrorismo en la legislación contra la delincuencia organizada.
También pactaron una comisión paritaria para gestionar el reclamo por las más de 31 toneladas de oro venezolano retenidas en el Banco de Inglaterra, destinadas a la recuperación tras los sismos del 24 de junio.
En el frente judicial, la Asamblea Nacional juramentó el 22 de octubre a los 23 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, el organismo que evaluará a los candidatos para renovar a los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
A pocas horas de que se instale la nueva ronda, la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, afirmó este lunes en X que los venezolanos tendrán «elecciones justas, blindadas y democracia plena».
Lo escribió en respuesta a declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la renovación de instituciones como el TSJ, y agradeció a Washington su respaldo al proceso.
Figuera ya había reconocido que la principal demanda ciudadana es la convocatoria a elecciones presidenciales, con 2027 como meta propuesta por su sector, aunque aclaró que todavía no existen acuerdos concretos sobre ese punto.
La hoja de ruta que ha descrito contempla además la reinstitucionalización del TSJ y del Consejo Nacional Electoral, junto con garantías políticas, civiles y de libertad de expresión.
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