Un pequeño de nacionalidad venezolana, identificado como Wilfredo, de tan solo 10 años, enfrenta actualmente un complejo proceso de deportación sin contar con representación legal en Estados Unidos.
Según un reporte exclusivo de Univisión, el menor tuvo que presentarse sin un abogado ante un juez de inmigración en Houston, Texas, debido a que su madre, Nexoli Gómez, permanece bajo custodia tras ser detenida durante una parada de tráfico hace varios meses.
«Tenía miedo porque era mi primera vez en una corte», relató el niño al describir la experiencia de comparecer solo ante la justicia estadounidense.
Aunque ambos mantenían un caso de asilo pendiente, la detención de su progenitora ha provocado que el proceso legal del menor sea tratado de forma independiente, dejándolo en una situación de extrema vulnerabilidad.
Riesgo de expulsión a un país tercero
Marife Mosquera, quien fue jefa de la madre de Wilfredo y ahora ejerce como su tutora legal, denunció una irregularidad alarmante en el caso: las autoridades migratorias emitieron una notificación con la intención de deportar al niño hacia Ecuador, país donde el menor no posee ningún vínculo familiar ni raíces.
Mosquera manifestó su temor de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) proceda a detener al pequeño en un centro de reclusión para menores o ejecute la orden de expulsión de manera forzosa.
De acuerdo con expertos en materia legal consultados, el caso de Wilfredo no es aislado; se han registrado situaciones donde niños de hasta 4 años son obligados a presentarse repetidamente ante tribunales para informar sobre sus estatus migratorios en plazos reducidos y sin el apoyo de un defensor.
Mientras tanto, el entorno del niño asegura que su salud se ha visto afectada, reportando una pérdida de peso significativa y una disminución en su rendimiento escolar debido a la ausencia y la angustia por la situación de su madre.
Hasta el momento, la tutora legal del menor permanece a la espera de una respuesta por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras haber solicitado información detallada sobre los motivos que justifican el intento de deportarlo a territorio ecuatoriano.
El caso ha reavivado el debate sobre la falta de protección jurídica para los menores migrantes que enfrentan el sistema judicial estadounidense sin acompañamiento familiar.
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