Fiscales federales de Estados Unidos presentaron cargos contra Wilber Rafael Garcés Pérez, el venezolano de 28 años al que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó por la espalda el pasado 20 de septiembre en Austin, Texas. Se le imputa un cargo por agredir, resistirse y obstaculizar a un oficial federal, delito que puede acarrear hasta 20 años de prisión.
Según la denuncia penal, los agentes lo interceptaron después de verlo salir de un restaurante e identificarlo como una persona con una orden definitiva de deportación.
Garcés Pérez, que trabajaba como repartidor de comida, les entregó su licencia de conducir. De acuerdo con su propia declaración a los investigadores, sabía que sería detenido y pidió estacionarse en otro lugar, porque quería que su esposa pudiera recoger el carro.
La acusación sostiene que se negó a bajar del vehículo y se marchó. Al arrancar, el retrovisor lateral golpeó a uno de los agentes en el torso. Siguió una persecución a alta velocidad por una zona residencial y comercial.
Uno de los oficiales afirma que el hombre intentó embestirlo con el carro y que fue entonces cuando disparó.
Garcés Pérez, por su parte, ha dicho que la persecución terminó cuando un agente chocó su camioneta contra su vehículo y que luego le dispararon por la espalda.
Ambas partes ofrecen versiones distintas sobre el momento en que se activaron las luces de emergencia y sobre si los agentes golpearon primero su carro.
Uno de los dos agentes llevaba cámara corporal, pero, según el documento, grabó solo la persecución y después de que el disparo ya se había producido. El que disparó no la tenía puesta.
Garcés Pérez fue atendido en un hospital de Austin y regresó a custodia de ICE pocas horas después, con la bala aún alojada en la espalda, cerca de la columna, según su abogada.
Permanece recluido en un centro de detención en Pearsall, en el sur de Texas.
Su defensa, encabezada por Kate Lincoln-Goldfinch, sostiene que ingresó a Estados Unidos en 2024 por la vía legal de la aplicación CBP One, que tenía permiso de trabajo y una solicitud de asilo en trámite, y que la orden de deportación se dictó en ausencia porque la notificación llegó a una dirección anterior.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que entró de forma irregular y que tenía una orden final de expulsión.
El caso ha generado reacciones políticas. El congresista demócrata Greg Casar, quien lo visitó en el centro de detención, lo describió con ánimo, pero con dolor y necesidad de cirugía.
«Esta persona necesita un médico, no una deportación ni un centro de detención», dijo. Otros legisladores y organizaciones piden su liberación por razones médicas y una investigación independiente.
Garcés Pérez compareció este martes por primera vez en el proceso penal y volverá a hacerlo el viernes, en una audiencia para decidir si permanece detenido.
Además, un juez federal frenó temporalmente su deportación y programó una audiencia para este miércoles.
Sigue al director de Alertas 24 en X para recibir más contenido relevante al instante:
