«Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley». Con esas palabras, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció este martes que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue empleada de forma indebida desde que entró en vigencia en 2017.
Lo dijo durante un acto con caficultores en el estado Portuguesa, pocas horas después de pedir a la Asamblea Nacional que la reforme con urgencia.
La mandataria precisó que no plantea eliminarla.
«Yo creo en los principios de esa ley: el principio de la tolerancia, el principio del amor en el relacionamiento, que no se imponga el odio, sino que podamos convivir», afirmó, y llamó a «sustituir el odio por el amor» y «la intolerancia por la convivencia».
Se trata de una reforma parcial, orientada a despenalizar las conductas que la norma tipifica.
La ley, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente que presidía la propia Rodríguez, ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por la principal coalición opositora, que la califican de parte de un «marco legal represivo».
Sus críticos sostienen que sirvió para perseguir a periodistas y opositores y para restringir la libertad de expresión.
La delegación opositora que participa en el diálogo reaccionó al anuncio en X.
Según su comunicado, la ley «fue utilizada como un instrumento de persecución y represión de la disidencia», y expresó su solidaridad «con quienes fueron víctimas de su aplicación y con sus familias».
El reconocimiento llega en medio de un proceso de excarcelaciones. Una amnistía aprobada este año permitió liberar a cientos de presos políticos, entre ellos varios condenados con base en esta ley. Aun así, el Foro Penal contabiliza 324 presos políticos que continúan tras las rejas.
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