La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes, 1 de diciembre de 2025, el cierre de su oficina de cooperación técnica instalada en Caracas.
La decisión fue comunicada por el fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, durante la apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI, citando la falta de «progreso real» en la cooperación con el Estado venezolano.
El fiscal adjunto explicó que, a pesar del «compromiso sostenido» con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que «el progreso real sigue siendo un reto» en materia de complementariedad.
Este principio fundamental del Estatuto de Roma exige que el Estado en cuestión investigue seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que el tribunal internacional proceda con sus propias pesquisas.
Niang señaló que, debido a la necesidad de gestionar eficazmente sus recursos limitados, se tomó la decisión de clausurar la oficina que había sido inaugurada en 2024.
Sin embargo, el fiscal adjunto subrayó que la investigación formal de la CPI sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017 «permanece activa».
El equipo de fiscales continuará dirigiendo el proceso desde La Haya. Esta investigación se mantiene abierta a pesar de los pedidos del gobierno de Nicolás Maduro de frenar el caso alegando que su sistema judicial estaba llevando a cabo investigaciones internas, una posición que la Corte rechazó en 2023.
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