Un juez federal de los Estados Unidos (EE. UU.) anuló este viernes una serie de políticas de la administración del presidente Donald Trump que mantenían suspendidos los trámites de asilo, residencias permanentes y otros beneficios legales para ciudadanos originarios de 39 naciones.
La decisión judicial deja sin efecto las medidas que mantenían a millones de inmigrantes en un limbo legal y administrativo dentro del territorio estadounidense.
La resolución fue emitida por el juez de distrito John J. McConnell Jr., con sede en Providence, Rhode Island, quien determinó que las directrices aplicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) violaban de forma flagrante las leyes migratorias y los procedimientos administrativos vigentes.
El magistrado ordenó a las autoridades federales reanudar de manera inmediata el procesamiento y la adjudicación de todas las solicitudes que habían sido congeladas de forma deliberada por el Ejecutivo.
Las restricciones del gobierno federal se implementaron a partir de noviembre del año pasado y afectaban directamente a solicitantes de asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes conocidas como green cards y procesos de naturalización para personas nacidas en 39 países de África, Asia, América Latina y Medio Oriente.
En un extenso fallo de 135 páginas, el juez McConnell sostuvo que las medidas provocaron una incertidumbre jurídica prolongada y afectaron la estabilidad socioeconómica de miles de familias.
«Las políticas impugnadas pusieron en pausa la vida de innumerables personas, únicamente en virtud de sus países de nacimiento», escribió el magistrado en la sentencia.
McConnell cuestionó con dureza los argumentos presentados por los abogados del Estado y aseguró que existen sólidas pruebas de animadversión antiinmigrante detrás de estas directrices.
En su pronunciamiento, el juez señaló que la administración pretendía que el tribunal ignorara la discriminación por origen, una invitación que la corte declinó para hacer prevalecer el principio de igualdad ante la ley.
La resolución responde a una demanda colectiva interpuesta por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos y sindicatos de trabajadores.
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