Desde hace más de una década, el gobierno venezolano ha señalado a las sanciones económicas de Estados Unidos como una de las causas de la crisis eléctrica que afecta al país.
Sin embargo, especialistas del sector eléctrico han documentado que el colapso del sistema eléctrico venezolano comenzó en 2009 —diez años antes de que existieran las sanciones petroleras clave de 2019— y que su origen responde a problemas estructurales de gestión, no a factores externos.
El discurso oficial: de Chávez a Delcy Rodríguez
El señalamiento a las sanciones es la línea que los gobiernos chavistas han mantenido por años para justificar la crisis eléctrica que golpea a Venezuela desde hace más de una década.
El pasado 4 de septiembre, durante un encuentro con trabajadores petroleros transmitido por VTV, Rodríguez insistió en que el sistema eléctrico ha sido golpeado por las sanciones extranjeras, además de por el aumento de la demanda energética debido a las altas temperaturas y por presuntos actos de sabotaje que atribuyó a «mafias extremistas» en rechazo a los recientes acuerdos petroleros firmados con Estados Unidos.
«Anoche, gracias al equipo de PDVSA Gas, detectamos que cierran las llaves de gas para que caigan los sistemas de gas y caigan las termoeléctricas y caiga el sistema eléctrico nacional, que está tan golpeado por las sanciones. Se suman también las mafias extremistas para sabotear».
Meses antes, al presentar un plan de ahorro eléctrico, Rodríguez ya había hecho un llamado a Estados Unidos para que levantara las sanciones económicas, que —según sostuvo en ese momento— forman parte de la crisis del sector.
La cronología que contradice el discurso de las sanciones
El origen de la crisis eléctrica venezolana se remonta a 2007, cuando Hugo Chávez estatizó el sector eléctrico y creó Corpoelec, con la promesa de modernizar la infraestructura y unificar su operación.
Apenas dos años después, en octubre de 2009, el descenso histórico del embalse de Guri obligó al gobierno a aplicar los primeros racionamientos nacionales, tras registrarse cuatro grandes apagones que afectaron al 70% del país.
En ese momento, Chávez atribuyó la situación principalmente a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, pero también culpó directamente al consumo de la población y del sector privado.
«Pongámosle coto al despilfarro, al enajenante consumo capitalista», repetía entonces en sus alocuciones televisivas, en las que llegó a recomendar no ducharse por más de tres minutos.
El 22 de octubre de ese año creó un nuevo Ministerio de Energía Eléctrica para enfrentar la crisis y comenzó a aplicar cortes programados de hasta cinco horas diarias, además de topes de consumo para comercios y residencias que, de ser superados, eran sancionados con multas.
El 21 de diciembre de 2009, el gobierno decretó formalmente el «estado de emergencia del Servicio Eléctrico Nacional», una medida que Chávez justificó citando «un conjunto de circunstancias de orden natural que afecta las cuencas hidrográficas» por El Niño, y que además le permitió autorizar contrataciones por adjudicación directa, sin pasar por licitaciones ni concursos públicos, un mecanismo que años después distintas organizaciones de transparencia señalarían como una puerta abierta a la corrupción en el sector.
La crisis se agravó en los meses siguientes.
El 31 de enero de 2010, el propio Chávez advirtió públicamente que si las empresas no reducían su consumo eléctrico, «el 70% del país quedaría sin servicio».
Para marzo de ese año reconoció que el embalse de Guri estaba a apenas 13 metros de lo que denominó el «nivel de colapso», una cifra que, de alcanzarse, habría obligado a apagar las plantas que generan electricidad para la mitad del territorio nacional.
En medio de esa emergencia, el gobierno incluso recurrió a asesoría cubana para el manejo de la crisis.
El racionamiento decretado en 2009 se mantuvo, con distintas variantes, hasta noviembre de 2010, cuando fue oficialmente suspendido.
Pero la tregua duró poco: en mayo de 2011, tras registrarse dos nuevos apagones de alcance nacional, el propio gobierno de Chávez reconoció que el sistema eléctrico seguía enfrentando «debilidades en la generación» que no esperaba superar antes de fin de año.
El patrón se repitió en 2016, cuando una nueva crisis obligó a suspender actividades industriales —incluidas plantas básicas como Sidor, en Guayana— y a aplicar un nuevo plan de racionamiento que, como en 2010, excluyó a Caracas.
El Ejecutivo volvió a atribuir la falla a la sequía y a El Niño, pese a que para entonces ya se reconocía también un déficit de generación térmica derivado del deterioro de las plantas por falta de mantenimiento.
Ese ciclo de crisis y explicaciones climáticas se repitió pese a que, en los seis años transcurridos entre 2010 y 2016, el chavismo había realizado inversiones multimillonarias en el sector que no lograron evitar un nuevo colapso.
Todas estas etapas de la crisis —desde la estatización del sector en 2007 hasta el racionamiento de 2016— ocurrieron antes de que Estados Unidos aplicara, en enero de 2019, las sanciones petroleras que el chavismo suele citar como causa del deterioro eléctrico.
Es decir, el sistema ya arrastraba una década de apagones, racionamientos y explicaciones oficiales cambiantes —la sequía, El Niño, el consumo excesivo, el sabotaje— antes de que existieran las sanciones.
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