Un tribunal de Caracas ordenó este jueves la privación de libertad de Luis Antonio Carrera Almoina, conocido como el «Monstruo de Los Palos Grandes«, en el marco del proceso penal que enfrenta por el caso de la abogada y defensora de derechos humanos Linda Loaiza López.
La decisión fue adoptada por el Tribunal 45 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al concluir la audiencia de presentación del acusado, quien fue enviado al Centro Penitenciario El Rodeo II.
Carrera Almoina se presentó ante la oficina de Atención a las Víctimas del Ministerio Público conectado a un tanque de oxígeno, en un intento por tramitar medidas cautelares menos gravosas, previo a la audiencia en la que finalmente se dictó su reclusión.
La medida se produce luego de que, el pasado 9 de julio, el Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control emitiera una nueva orden de aprehensión contra Carrera Almoina por el delito de violación, en un oficio suscrito por la jueza María Castellano y dirigido al Bloque de Búsqueda y Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
La propia Loaiza había denunciado públicamente que la orden no había sido ejecutada por ningún organismo policial en las semanas posteriores a su emisión.
Carrera Almoina es acusado de secuestrar a Loaiza el 27 de marzo de 2001, cuando ella tenía 18 años, y mantenerla en cautiverio bajo torturas hasta su rescate, el 19 de julio de ese mismo año.
En el juicio original, fue condenado únicamente por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, pero resultó absuelto del cargo de violación, un fallo que fue cuestionado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos por considerar que las evidencias de violencia sexual habían sido desestimadas de manera arbitraria.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos cometidas contra Loaiza y ordenó continuar de manera eficaz el proceso penal interno, así como investigar y eventualmente sancionar a los responsables por los hechos de tortura y violencia sexual.
Según reportes periodísticos, las víctimas y sus representantes legales debieron interponer al menos 16 solicitudes formales de revisión durante la última década para lograr que la justicia venezolana diera cumplimiento a esa sentencia.
Para este viernes está prevista una audiencia ante la Corte de Apelaciones en la que se revisará específicamente el delito de violación.
La jueza a cargo del caso instó además al Ministerio Público a evaluar formalmente la solicitud de Loaiza relacionada con el delito de tortura, conforme a lo establecido por la Corte IDH.
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