El fiscal general, Tarek William Saab, informó este jueves 22 de enero de 2026 sobre la sentencia condenatoria dictada contra la ciudadana Adelaida Negretty, quien fue hallada culpable de participar activamente en una red de extorsión que operaba en el estado Zulia.
Tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), el tribunal de la causa impuso una pena de 13 años y 4 meses de prisión al quedar demostrada su responsabilidad en delitos que atentan contra la estabilidad económica y la seguridad de los ciudadanos.
Las investigaciones determinaron que Negretty cumplía la función de cómplice dentro de una estructura criminal organizada.
Su participación consistía en facilitar su cuenta bancaria personal para recibir los pagos provenientes de extorsiones realizadas a comerciantes y particulares de la región zuliana.
Según el titular del MP, la mujer fue condenada por los delitos de Cómplice en Extorsión y Asociación para Delinquir, este último previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODGFT).
Este caso se suma a la ofensiva que mantiene la fiscalía contra las bandas de «vacunadores» y extorsionadores que han azotado el occidente del país.
Saab enfatizó que quienes prestan sus instrumentos financieros para el movimiento de dinero ilícito son tan responsables como quienes ejecutan las amenazas.
Con esta sentencia, las autoridades buscan enviar un mensaje claro de «tolerancia cero» ante la colaboración con grupos delictivos que utilizan la tecnología y el sistema bancario para blanquear capitales obtenidos mediante el terror psicológico a las víctimas.
La sentenciada deberá cumplir su condena en el centro de reclusión que designe el tribunal de ejecución correspondiente en el estado Zulia.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las labores de inteligencia para identificar al resto de los integrantes de la organización criminal con la que Adelaida Negretty se encontraba asociada, reafirmando el compromiso del Estado venezolano con la justicia y la protección del patrimonio de los ciudadanos.
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