El eSafety Commissioner, organismo regulador de seguridad en línea de Australia, presentó una demanda contra Telegram ante el Tribunal Federal este jueves, tras una investigación de un año que concluyó que la plataforma de mensajería no logró detectar ni eliminar contenido vinculado al terrorismo.
La titular del organismo, Julie Inman Grant, anunció la acción legal en Sídney y señaló que «este caso está relacionado con contenido vinculado a algunos de los actos de violencia extremista más notorios de la historia reciente».
Según la funcionaria, el material permaneció accesible mucho después de que Telegram fuera notificado sobre su existencia.
De acuerdo con la investigación del eSafety Commissioner, la plataforma —utilizada por más de 1.000 millones de personas en el mundo— no eliminó contenido ilegal denunciado por usuarios australianos, con algunas publicaciones permaneciendo visibles hasta tres semanas después de ser reportadas.
El regulador alega además que Telegram no adoptó medidas suficientes para prevenir infracciones reiteradas, como la eliminación de cuentas, canales y grupos utilizados para distribuir material extremista.
Entre el contenido señalado se encuentran grabaciones de los atentados a mezquitas de Christchurch de 2019, el tiroteo masivo de Buffalo de 2022 y videos de decapitaciones vinculados al Estado Islámico, considerados algunos de los materiales extremistas más notorios de internet.
El organismo también acusa a Telegram de no contar con términos de servicio que prohibieran el acceso o distribución de material pro-terror en todas las secciones de la plataforma, así como de no informar a los denunciantes sobre el resultado de sus reportes.
La demanda busca sanciones económicas de hasta 54,6 millones de dólares australianos (unos 38 millones de dólares estadounidenses), bajo la normativa de la Ley de Seguridad en Línea de Australia.
Se trata de la primera acción de este tipo que el eSafety Commissioner lleva ante un tribunal federal desde que entraron en vigor los códigos y estándares sobre material ilegal, hace un año.
Inman Grant indicó además que el regulador podría solicitar al tribunal que se suspenda el servicio de Telegram en Australia, aunque aclaró que se trata de una facultad que nunca ha sido utilizada.
Por su parte, Telegram rechazó las acusaciones y anunció que impugnará el caso ante la justicia.
El proceso se suma a una serie de presiones legales que enfrenta la plataforma a nivel global, en momentos en que su fundador, Pavel Durov, también es objeto de investigaciones en Rusia y Francia por el manejo de contenido considerado dañino en la aplicación.
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