El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la viuda del teniente en retiro del ejército venezolano Ronald Ojeda, envió un email al fiscal Héctor Barros, quien investiga el secuestro y homicidio del oficial disidente del gobierno de Maduro, pidiendo tomar medidas por el caso.
En el correo solicitaba pedir apoyo a la policía federal de Estados Unidos (FBI) para esclarecer a quién pertenecería la evidencia biológica encontrada con los restos de Ojeda, quien fue sacado por falsos policías desde su departamento en Independencia el 21 de febrero y encontrado muerto 9 días más tarde, en una maleta cubierta por cemento en una toma de Maipú.
Se trataría de una huella dactilar y restos de cabellos encontrados en su mano.
“Estimado don Héctor (…), ruego a usted considerar lo siguiente”, dice el email, copiado a la viuda y otras personas. “Para la determinación de identidad de evidencia genética levantada del cuerpo de Ronald Ojeda y en el sitio del suceso, como en material levantado en las pesquisas, se considere solicitar cooperación y asistencia internacional a Estados Unidos de América, particularmente del FBI”.
En el documento también pidió recoger como “denuncia de posible delito informático” los intentos de acceso a las redes sociales de la viuda desde el extranjero. Uno de estos se hizo el 8 de junio desde Nueva Bolivia, en el estado venezolano de Mérida, mostró un pantallazo de Instagram.
La solicitud ocurrió mientras el fiscal general venezolano Tarek William Saab Halabi, continuaba su ofensiva contra la investigación del Ministerio Público chileno, luego de que el fiscal Barros dijera en abril que “este es un delito transnacional que se organizó en Venezuela”.
Esta ofensiva ocurre a semanas de las elecciones presidenciales de Venezuela, programadas para el 28 de julio.
La condición de refugiado del oficial disidente asesinado en Chile derivó en un deterioro de las relaciones entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y el gobierno venezolano.
Saab Halabi se refirió a los 2 sospechosos del crimen del teniente, quienes, de acuerdo con la investigación del fiscal Barros, habrían regresado a Venezuela. Se trata de presuntos miembros del Tren de Aragua, que habrían sido contratados para cometerlo.
Con información de La Verdad
