A 13 días de los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, miles de familias siguen sin poder volver a sus viviendas, a la espera de que las autoridades determinen si las estructuras son seguras para habitar.
Para resolver esta incertidumbre, el gobierno interino puso en marcha una fase de inspección masiva de inmuebles que funciona bajo un sistema de semáforo, con el que se clasifica el nivel de daño de cada edificación.
¿Cómo funciona el sistema de semáforo?
El esquema, coordinado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela junto con una comisión presidencial, clasifica cada inmueble en tres categorías según el nivel de riesgo: verde, cuando la estructura no presenta daños graves y puede ser habitada con normalidad; amarillo, cuando existen daños considerables que requieren reparaciones antes de un regreso seguro; y rojo, cuando la vivienda se considera inhabitable.
Sin embargo, las autoridades han aclarado que una calificación roja no implica automáticamente que el inmueble deba ser demolido, sino que necesita una evaluación técnica más profunda antes de tomar esa decisión.
Para llevar a cabo las inspecciones, se dispusieron 90 brigadas avaladas por el Colegio de Ingenieros, además de 1.500 voluntarios entre ingenieros y estudiantes, quienes recorren las zonas afectadas según un mapeo entregado por las autoridades locales.
El ministro de Transporte, Francisco Garcés, señaló que ya se han revisado unos 5.000 inmuebles en los seis estados más golpeados por el sismo, y que ahora se busca aplicar una metodología más ordenada.
Cómo solicitar la inspección
Los propietarios interesados en que revisen su vivienda deben inscribirse previamente en la aplicación oficial habilitada para reportar los espacios que necesitan ser evaluados.
El presidente del Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt, insistió en que las inspecciones son completamente gratuitas y pidió a la población denunciar a cualquier persona que, aprovechando el proceso, intente cobrar por realizarlas.
Para buena parte de las familias desplazadas, el temor no es solo perder lo que queda de sus casas, sino que una réplica derrumbe estructuras que hoy lucen intactas por fuera pero que podrían estar comprometidas.
La magnitud del problema
Según el último balance oficial, hasta el 5 de julio se contabilizaban 17.345 personas sin vivienda, 856 edificios con daños y 190 que colapsaron por completo.
La ONU estima que los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron daños por unos 37.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 24.000 millones corresponden a edificaciones —viviendas, comercios, escuelas, hospitales e instalaciones públicas—.
Mientras continúan las evaluaciones, miles de familias en los estados más afectados —entre ellos La Guaira, Caracas, Vargas, Aragua, Yaracuy y Carabobo— aguardan el resultado de las inspecciones para saber si podrán volver a sus hogares o si deberán buscar una solución habitacional alternativa.
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