La elección presidencial del próximo 28 de julio en Venezuela se perfila como un proceso “cerrado”, marcado por irregularidades y prácticas restrictivas contra la oposición, pero que el antichavismo todavía puede ganar, de acuerdo con analistas y dirigentes políticos.
La principal irregularidad denunciada por la oposición venezolana para la votación —convocada para dentro de cuatro meses— es la inhabilitación de la candidata ganadora de su primaria, María Corina Machado, y su imposibilidad de registrarse ante el poder electoral.
Otros de los desafíos señalados son la “insuficiencia” de gestiones para actualizar datos de electores y registrar nuevos votantes dentro y fuera del país en apenas un mes, y la “poca disposición” ante la observación internacional proba, dijo el doctor en Ciencia Política Daniel Varnagy.
“Delatan que se desea hacer una elección a la medida de un sistema hegemónico”, dice el profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, a la VOA.
El analista advierte que el proceso corriente tiene las características de una elección “cerrada” como las que ocurren en Rusia, China, Turquía, Irán, Corea del Norte y Cuba.
“Nunca en 25 años hemos estado con 80% de apoyo de cara a una elección presidencial. Mano ganada no se tranca”, dijo María Corina.
“Una elección abierta debe ser universal, directa y secreta para los electores, pero, desde el punto de vista de los candidatos, tiene que ser un sistema electoral que no ponga trabas para la inscripción, que avale la participación de diferentes posturas ideológicas y distintos conceptos económicos. Permite un mayor abanico de opciones”, explicó.
Caso contrario, como dice verlo en la Venezuela contemporánea, el sistema electoral solo permite correr “opciones afines” o “muy pocas” en el tarjetón, acotó.
Un reto adicional del antichavismo es el “componente simbólico” para el chavismo de la fecha de la votación, el 28 de julio, cuando nació el expresidente Hugo Chávez, indicó.
Si bien dice notar “muchas analogías” con la elección presidencial de 2018, donde la oposición tradicional no participó, la votación prevista para julio le parece más “brusca” por la persecución contra dirigentes de las opciones con probable perfil de triunfo.
Vente Venezuela, el movimiento político de Machado, ha denunciadola detención de siete de sus dirigentes. El fiscal general y ex gobernador del chavismo Tarek William Saab explicó que estarían involucrados en una presunta conspiración para protestas violentas y adelantó que ha pedido órdenes de detención contra ocho líderes más de la organización.
Según el oficialismo, Machado está incapacitada para ejercer cargos públicos por 15 años por haber omitido el pago de unos bonos de alimentación en su declaración jurada de patrimonio en 2015, por lo cual ya había sido inhabilitada por un año.
Machado es parte de una lista de cerca de 2.000 políticos inhabilitados en Venezuela durante el chavismo, entre los que se encuentran otros dirigentes opositores cuya pena administrativa presuntamente había vencido, como es el caso de César Pérez Vivas, ex gobernador del estado andino de Táchira y ex candidato de la primaria presidencial.
“No tengo ni sentencia, ni acto administrativo, ni decisión de ningún órgano (que lo justifique). Son actos arbitrarios”, comentó a la Voz de América.
El antes directivo del partido socialcristiano Copei introdujo un recurso de habeas data ante el poder electoral para rechazar un acto que “no tiene fundamento” y cuya pena habría terminado hace dos años, como se le notificó en 2015.
El mayor reto opositor es “cómo conseguir una rendija para entrar el juego electoral”, opina. “Maduro ha decidido cerrar la cancha, que la oposición democrática y organizada no participe”, dice.
La oposición solo quedó con dos tarjetas habilitadas para postular candidatos entre las más de 30 opciones habilitadas para estar presentes en el tarjetón.
La de la Mesa de la Unidad Democrática fue denunciada ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir su eliminación la semana pasada por parte de un ex militante del madurismo. Analistas creen que corre “un riesgo real”.
“Rebanadas” oficialistas
Juan Pablo Guanipa, diputado electo en 2015 y otro de los opositores ratificados en la página del poder electoral como inhabilitados, dice creer que el oficialismo venezolano está “rebanando” la transparencia de las elecciones por partes del proceso.
“Las inhabilitaciones son una de esas rebanadas, el robo de las tarjetas de los partidos es otra”, dice, sobre la judicialización de partidos cuyas direcciones quedaron en manos de disidentes de la oposición en los últimos años, entre ellos el suyo, Primero Justicia.
La proliferación de otras candidaturas que describe como presuntamente opositoras, aunque afines al chavismo, así como las dificultades para misiones de observación internacional, son parte de los “retos difíciles” que tiene el antichavismo, destaca Guanipa.
Desafío en el ombligo opositor
No todos los retos para ganar la elección presidencial se explican mirando al chavismo, según los expertos. La oposición deshoja la margarita a lo interno para saber qué candidato inscribir en sus dos tarjetas si Machado no puede postularse.
Machado ha tenido que negociar “contrarreloj” con el mismo liderazgo opositor que desplazó en la primaria de octubre pasado, explica Eglée González-Lobato, doctora en derecho y consultora de asuntos políticos y electorales en Venezuela.
Corren horas de “jugadas” no sólo del chavismo, sino de los partidos políticos de oposición para definir sus opciones en la boleta, afirma a la VOA.
La decisión de Machado, del gobernador Manuel Rosales, del partido que tiene el otro cupo en el tarjetón, Un Nuevo Tiempo, y el resto de la Plataforma Unitaria debe ser “apostando al éxito del proceso y mantenerse en la ruta electoral”, estima.
González-Lobato dice observar “un diseño restrictivo” del proceso de actualización del padrón de votantes en un contexto donde el chavismo “ha perdido la gente”.
Las encuestas de firmas privadas dan una ventaja de entre 20 y 40 puntos a Machado sobre Nicolás Maduro, aspirante a la reelección. La experta, no obstante, recuerda que la oposición también tuvo siete puntos por encima de Maduro en los sondeos de 2013.
“En América Latina hay un voto reflexivo, pragmático, que termina siendo inesperado y sorpresivo y eso es a lo que le teme especialmente el oficialismo. El oficialismo sabe que sufre una merma de votación”, comentó.
A su entender, el oficialismo ha entendido que existe “una desafección transversal en todos los estratos” sociales de Venezuela hacia su proyecto político, “y que le cuesta levantar el ánimo para votar” por la reelección de Maduro, ya con 10 años en el poder.
“Es un momento estelar para lograr ganar una elección y hacer unos ajustes mediante una negociación incluyente, inclusiva, que logre transformar las condiciones del país, tan precarias, que afectan tanto a la sociedad”, apuntó González-Lobato.
Con información de VOA