El drama migratorio en Estados Unidos cobra un nuevo rostro con el caso de Andrés Navarro, un joven venezolano de 21 años que fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 17 de diciembre.
Según un reporte de Univision, la detención ocurrió de manera inesperada mientras Navarro asistía a una de sus citas mensuales obligatorias en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), un procedimiento que cumplía regularmente desde que ingresó al país en noviembre de 2023 mediante la aplicación CBP One.
Lisbeth Peña, familiar de la novia del joven, relató a Univision 34 Atlanta que los agentes federales ya se encontraban dentro de las oficinas cuando Andrés ingresó.
Bajo el argumento de que su proceso de asilo «ya no era válido», fue trasladado al Centro de Detención de Stewart, en Georgia, donde permanece recluido.
Esta acción ha generado alarma entre la comunidad migrante, pues Navarro contaba con un permiso de trabajo vigente y había iniciado un proceso de asilo defensivo ante las cortes estadounidenses tras la muerte de su padre, quien era militar en Venezuela.
La situación legal de Navarro se ha acelerado tras su arresto.
Originalmente, su audiencia preliminar estaba pautada para junio de 2026, pero fue adelantada para el pasado 14 de enero.
El abogado de inmigración Michael Urbina explicó a Univision que, aunque las detenciones de solicitantes de asilo están a discreción de las autoridades bajo el estatus de parole, el cambio en las circunstancias políticas de Venezuela podría estar siendo utilizado por el gobierno como argumento para invalidar ciertas solicitudes, a pesar de que los riesgos para los solicitantes persistan.
Actualmente, la familia de su novia, que actúa como su único apoyo en Estados Unidos, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos legales y luchar por una fianza que le permita defender su caso en libertad.
Mientras tanto, el futuro de Andrés Navarro sigue siendo incierto en medio de un endurecimiento de los protocolos de control migratorio que afecta incluso a quienes intentan seguir las vías legales establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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