El gobierno de Trinidad y Tobago ha recortado drásticamente el número de permisos de trabajo otorgados a ciudadanos venezolanos en lo que va del año 2025.
La medida, que ocurre en medio de un clima de elevada tensión diplomática y militar en el Caribe, implica una reducción del 82% respecto al año anterior.
Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional trinitense, solo se han aprobado 757 licencias para la población venezolana reinscrita en 2025, una caída abrupta frente a los 4.275 permisos expedidos durante todo el 2024.
Los permisos aprobados tienen una vigencia que culmina el 31 de diciembre de este año.
La drástica reducción en la política migratoria es vista como parte de un endurecimiento de la postura de Puerto España hacia la diáspora venezolana.
El gobierno trinitense ha emitido también un memorando que advierte sobre una inminente deportación masiva de inmigrantes indocumentados detenidos, en su mayoría procedentes de Venezuela.
Este giro migratorio coincide con la escalada de la presión militar de Estados Unidos en el Caribe.
Trinidad y Tobago ha permitido el atraque de buques de guerra estadounidenses y ha apoyado logísticamente sus operaciones contra el narcotráfico, acciones que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha denunciado como una «amenaza» a la soberanía de su país.
La reducción de permisos ha sido criticada por Caracas, que la interpreta como una acción coordinada con la estrategia de «máxima presión» de Washington, mientras que las autoridades trinitenses la justifican citando la necesidad de proteger la seguridad nacional.
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