Daniela estaba en casa de su mamá aquel 7 de marzo de 2019 porque no tenía Internet en su apartamento, en el estado Bolívar. En el transcurso del día, se fue informando por las redes sociales de cómo el país se iba apagando poco a poco.
«No me preocupé en ese momento. Lamentablemente, solemos pensar que si no me afecta, no pasa nada. Recuerdo que le dije a mi mamá: Bueno, si se va la luz, al menos tenemos gas porque con la cocina eléctrica sería triste para nosotras», recordó.
Se fue a dormir con la idea de que la entidad no sería afectada por la falla eléctrica. Esta región alberga al embalse El Guri, el cual se encuentra delimitado por la represa del mismo nombre y en donde se encuentra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.
Sin embargo, pasadas las 10.00 de la noche, le tocó el turno, luego de un corte eléctrico en una fase y a las 12.00 de la medianoche todo el estado quedó completamente a oscuras.
«Sentí mucha incertidumbre. Fue cuando caí en cuenta de que todo el país estaba sin luz. No sabía qué pasaba, porque hasta perdí señal telefónica. Solo agradecía porque en casa de mi mamá habían surtido gas y teníamos comida», agregó.
Desvío de recursos
Este jueves 7 de marzo se cumplen cinco años del megapagón que dejó a millones de venezolanos sin servicio eléctrico por casi una semana en 20 de los 23 estados y, que a su vez afectó los sistemas de telecomunicaciones y de suministro de agua potable.
Hoy, el país padece de un apagón continuado, al ejecutarse desde el Estado un plan de racionamiento eléctrico que se extiende más allá de las horas programadas, al ocurrir continuas fallas en el servicio que duran desde minutos hasta horas, y tras las explosiones e incendios de plantas o transformadores.
Nueve años antes del megapagón, el fallecido presidente Hugo Chávez había decretado una emergencia eléctrica para solventar las fallas de la infraestructura a través del financiamiento y acuerdos con empresas privadas, para compras de equipos sin necesidad de llamar a licitación. Lo ocurrido en 2019, evidenció que este plan fue un absoluto fracaso.
Un reporte de la oenegé Transparencia Venezuela determinó que 61 % de los recursos destinados al sistema eléctrico fue desviado en hechos irregulares.
La investigación detectó que entre 1999 a 2016 se erogó un monto de 37.600 millones de dólares, en planes donde se descubrieron «sobreprecios» y actos de corrupción estimados en 23.033 millones de dólares
Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela, sostiene -además- que en el sector eléctrico se han tomado decisiones que afectaron al sistema. Por ejemplo, las termoeléctricas que funcionaban como Planta Centro, sufrieron daños con las obras de ampliación que se llegaron a ejecutar y por utilizar un combustible no apto para su operatividad.
«Las termoeléctricas nuevas como la Luis Zambrano, de Mérida, tampoco aportó la energía necesaria. En Mérida debía funcionar con gas y para ello se debió instalar un gasoducto que nunca se construyó. Entonces la pusieron a funcionar con gasoil y quedó inoperativa en muy poco tiempo», acotó.
La estatización de las empresas del sector ocurrió con la creación de la Corporación Eléctrica Nacional en 2007. El control total se alcanzó en 2010 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que convirtió a Corpoelec en el operador único en los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización.
Persisten fallas en Bolívar
Bolívar fue el último estado en apagarse, aquella noche del 7 de marzo. Al día siguiente, la electricidad comenzó a restablecerse a partir de las 10.00 de la mañana. Desde entonces, el servicio no ha mejorado.
Donde hay mayor incidencia es en los municipios del sur y oeste. No hay cortes programados, pero en zonas como El Callao hay apagones de ocho y hasta 12 horas en un día.
El presidente (e) de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, señaló que hacia los municipios del sur «la luz se va, por lo menos, una vez a la semana. A veces esas interrupciones pueden prolongarse por tres, cuatro o cinco horas, lo que significa indudablemente que puede ocasionar daño de alguna mercancía, especialmente en los alimentos perecederos».
Agregó que en los tres principales municipios (Caroní, Angostura del Orinoco y Piar), que representan más de 80 % de la población, no se percibe esta misma realidad. En cambio, en El Palmar, municipio Padre Chien, los reportes de cortes eléctricos son al menos una vez a la semana, y en ocasiones dos veces por semana.
Para González, el hecho de que en las zonas más remotas se perciba en mayor medida el problema eléctrico, obedece a que la capacidad de respuesta se concentra menos hacia el resto de la región; aunque también puede influir la distancia, grietas en la vialidad, escasez de combustible, entre otros.
Las fallas eléctricas también se relacionan con transformadores dañados o que colapsan en su capacidad. El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, por ejemplo, declaró en varias oportunidades que la población, y por ende la demanda, creció debido a la actividad minera en el municipio. Ello influyó en el colapso de transformadores en comunidades como Nacupae o El Perú.
Lugo admitió que la Alcaldía de El Callao carece de las condiciones económicas para asumir los gastos de respuesta para el sector eléctrico. Incluso, que la Gobernación tampoco tendría solvencia, sino únicamente el Gobierno nacional.
Con información de La Verdad
Recuerden que un miércoles de cenizas, un año antes hubo un mega apagón también, perdí la cuenta de cuántos días duró.