La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Caryslia Rodríguez, así como otros catorce altos funcionarios venezolanos van a ser incluidos en la lista de sancionados de la Unión Europea acusados de socavar la democracia y el Estado de Derecho en el país latinoamericano, dijeron a EFE fuentes diplomáticas europeas.
La decisión, adoptada la víspera por los embajadores de los Veintisiete, tiene que ser formalmente aprobada por el Consejo (los países) por procedimiento escrito y después entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, señalaron las fuentes.
La chavista Caryslia Rodríguez, presidenta del ente que ratificó la reelección de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, como había señalado previamente el Consejo Nacional Electoral (CNE), es objeto de sanciones estadounidenses desde septiembre pasado y de canadienses desde esta misma semana.
De esta manera, la UE, que no reconoce esos resultados electorales, va a ampliar sus sanciones al Gobierno de Maduro, quien el próximo 10 de enero tiene previsto jurar el cargo como presidente con base a los polémicos resultados de las elecciones de julio validados por el CNE y el TSJ.
Las sanciones de la UE contra Venezuela, introducidas por el Consejo el 13 de noviembre de 2017 y que incluye un embargo de armas y de equipos destinados a la represión interna, se prorrogaron por última vez hasta el 10 de enero de 2025.
Por tanto, se espera que sean renovadas y se incluyan las nuevas 15 incorporaciones en la lista de sancionados que, hasta la fecha, alcanza el medio centenar, incluidos la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aunque no está Maduro.
Estas medidas coercitivas selectivas implican la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de activos a personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
También, el 10 de enero, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, a quien la oposición venezolana considera presidente electo del país y vencedor legítimo de las elecciones presidenciales celebradas en julio, tiene previsto estar en Venezuela para reclamar su investidura, según afirmó él mismo reiteradamente, aún a riesgo de ser detenido.
El dirigente opositor venezolano, con estatus de refugiado en España desde este viernes, vive en Madrid desde septiembre pasado, cuando se exilió, tras competir por la Presidencia de Venezuela y denunciar fraude electoral en los comicios del pasado julio.
Maduro fue proclamado ganador de los comicios del 28 de julio con base en unos resultados que todavía se desconocen de manera desglosada, mientras que la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- reclama el triunfo de González Urrutia, según el 83,5 % de las actas que asegura haber reunido mediante testigos y miembros de mesa.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se comprometieron en su cumbre del jueves pasado a «movilizar todas las herramientas a su disposición» para apoyar una transición pacífica e inclusiva en Venezuela, país al que urgieron a cumplir con sus compromisos bajo la legislación internacional.
Con información de EFE
