Congresistas de la oposición brasileña entregaron este lunes al presidente del Senado federal, Rodrigo Pacheco, una solicitud para iniciar el enjuiciamiento político del ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, al que sindican de «abuso de poder», recoge G1.
Pacheco dijo a los parlamentarios que enviará el documento a la Procuraduría del Senado para que sea sometido a un análisis técnico, aunque sugirió que la solicitud sea examinada paralelamente por el Consejo de Administración y los líderes de los partidos en la Cámara Alta. Del mismo modo, aseguró que «cualquiera» sea la decisión que se tome al respecto, estará «bien fundamentada».
Los congresistas opositores que impulsan la propuesta coinciden en subrayar que De Moraes, que tiene a su cargo la investigación sobre noticias falsas y milicias digitales en el contexto de la elección de 2022, así como las pesquisas relacionadas con el fallido golpe de Estado de enero de 2023 en el que estaría implicado el expresidente Jair Bolsonaro, ha abusado de su posición y ha violentado el debido proceso.
Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, quien se encuentra entre los promotores de la iniciativa, aseguró que «hay ocasiones flagrantes de comisión de un delito de responsabilidad» por parte del togado.
«No podemos más»
Mientras, la presidenta de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), Caroline de Toni, comunicó que este 10 de septiembre se votará en esa instancia un proyecto de amnistía para los condenados por la intentona golpista del pasado año, que pretende ser una respuesta desde el Legislativo frente a los «abusos de autoridad» supuestamente perpetrados por el Poder Judicial.
«No podemos quedarnos callados ante tantas afrentas a la Constitución y una de las respuestas para frenar estos abusos de autoridad está en la CCJ de esta semana, donde mañana se votará la amnistía del 8 de enero», alegó.
En este sentido, De Toni aludió a ocho iniciativas parlamentarias adicionales, que incluyen proyectos para poner freno a lo que cataloga como invasión de las competencias de los legisladores y la actualización de la ley de juicio político, con la inclusión de otros aspectos que permitan establecer delitos de responsabilidad. «La respuesta del Legislativo viene porque no podemos más», sostuvo.
Con información de RT