El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (WGEID) dio un plazo de 20 días al gobierno de Nicolás Maduro para que informe sobre el número exacto de personas detenidas y responda sobre las denuncias de desapariciones forzadas ocurridas antes, durante y después del 28 de julio.
El exhorto lo hicieron este lunes, 20 de enero, en el documento de una alegación que se hizo pública luego de haber transcurrido 60 días de que la enviaran de manera formal al gobierno de Venezuela.
«Las alegaciones generales hablan de problemas estructurales que denotan incumplimiento de la Declaración de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Se hizo llegar al gobierno hace más o menos 60 días y de acuerdo al procedimiento del GTDF después de 60 días se hace pública», informó el organismo en el comunicado.
El documento publicado por el WGEID indica que, en los primeros siete meses de 2024, 169 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos y se registraron 592 ataques de seguridad contra defensores de derechos humanos y organizaciones.
El WGEID también señaló que, hasta el 7 de octubre de 2024, 1.916 personas fueron detenidas y que el gobierno venezolano mencionó más de 2.400 personas, incluyendo a 150 adolescentes, encarceladas en el contexto de las protestas del día de las elecciones y los días siguientes, lo que sugiere un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos.
El informe destacó la detención de personas que suministraron servicios a la campaña del candidato presidencial Edmundo González Urrutia y el registro de, al menos, 104 actos de hostigamiento contra líderes y activistas políticos.
“En el contexto electoral el país habría experimentado una “avalancha de graves violaciones a los derechos humanos y una feroz represión por la maquinaria del Estado”, alertó la ONU.
De acuerdo a las alegaciones recibidas por el Grupo de Trabajo, en la mayoría de las detenciones arbitrarias reportadas, el patrón observado se mantiene. “Las personas son detenidas por las autoridades del Estado, llevadas a centros de detención, ahí son incomunicadas durante varios días, sin posibilidades de contacto con sus familiares o abogados privados, pudiendo configurarse las desapariciones forzadas”, señaló el escrito.
La organización reiteró: “Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana, es condenado por la Carta de las Naciones Unidas y es una violación grave manifiesta de los derechos humanos.
Con información de El Pitazo
