La defensa del exmandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, reiteró este jueves 19 de marzo de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York que la pareja no posee los recursos económicos necesarios para financiar su representación legal en el caso que enfrentan por presunto narcotráfico.
A través de sus abogados, Barry Pollack y Mark E. Donelly, los acusados solicitaron formalmente que el Gobierno de Venezuela sufrague los costos de su defensa, alegando una incapacidad financiera personal.
En el documento enviado al juez de la causa, los defensores incluyeron declaraciones juradas firmadas por Maduro y Flores, donde ambos manifiestan bajo juramento no poder costear los honorarios de un equipo legal de alto nivel en Estados Unidos (EE. UU.).
Asimismo, expresaron su total disposición a presentar pruebas financieras detalladas si el tribunal así lo requiere, con el fin de reforzar su petición de desestimar la acusación o, en su defecto, obtener el financiamiento público venezolano para el proceso.
Según la argumentación de la defensa, la propia Fiscalía de los Estados Unidos reconocería el derecho de los acusados a solicitar que el Estado venezolano cubra estos gastos, una postura que busca evitar que el juicio se detenga por falta de representación.
Este recurso legal, a menudo utilizado por procesados que alegan falta de liquidez, resulta llamativo dado que el Departamento de Justicia estadounidense ha señalado previamente a la pareja por el presunto manejo de redes de corrupción y tráfico de influencias a escala internacional.
Esta declaración se produce en una semana crítica, a solo días de la próxima audiencia presencial prevista para el 26 de marzo de 2026.
El juez del caso deberá decidir si acepta las pruebas de la pareja o si, por el contrario, ordena una investigación profunda sobre los activos ocultos que las agencias de inteligencia de EE. UU. han rastreado durante años.
De ser aprobada la solicitud, se abriría un debate jurídico sobre la legalidad de utilizar fondos públicos de una nación bajo sanciones para defender a sus antiguos líderes en tribunales extranjeros.
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