El fallecimiento de Rosqui Norberto Escalona, de 71 años, en el Centro Penitenciario David Viloria (Uribana), estado Lara, ha desatado una fuerte denuncia por parte del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La organización calificó el deceso, ocurrido este martes 21 de abril, como un acto de «absoluta crueldad», señalando que con este caso ya suman ocho los privados de libertad que han muerto bajo custodia del Estado en un lapso inferior a las dos jornadas.
De acuerdo con el reporte del OVP, Escalona presentaba complicaciones graves de salud desde el pasado viernes 17 de abril.
Aunque fue llevado inicialmente al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, se le regresó al penal antes de lograr una mejoría.
Este martes, tras una recaída, testigos aseguran que los custodios presionaron a los médicos para darle el alta de forma prematura.
Tras confirmarse su muerte, los funcionarios habrían abandonado el cadáver en el suelo del centro asistencial, una acción que la ONG describió como una falta total de protocolo y humanidad, especialmente considerando que Uribana posee medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Crisis en el sistema penitenciario: ocho decesos en cadena
La tragedia de Escalona se inserta en una racha de violencia y precariedad sanitaria en las cárceles venezolanas durante este abril de 2026.
El lunes 20 de abril, se reportó la muerte de siete reos adicionales: cinco en el Centro Penitenciario Yare III tras un motín —identificados como Keivin Matamoros, Eliecer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez— y dos más en el complejo El Rodeo.
En este último, Deivi Enrique García (Rodeo IV) y Ovidio José Madriz (Rodeo III) fallecieron por presuntos paros respiratorios.
Esta alarmante cifra de fallecimientos ha puesto bajo la lupa la gestión del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el cual tardó más de un día en confirmar los sucesos de Yare III.
Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen una investigación independiente para determinar las responsabilidades en estas muertes, que oscilan entre la violencia interna y la presunta desatención médica sistemática en los recintos carcelarios del país.
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