La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un extenso informe en el que concluye que en Venezuela «se han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad», tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El documento examina los hechos ocurridos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 y asegura que se ha llevado a cabo un “plan de aniquilamiento contra personas opositoras o percibidas como tales”, traducido en «detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y asesinatos».
La Misión afirma que existen “motivos razonables para creer que al menos 30 personas perdieron la vida: 25 durante las protestas y cinco bajo custodia del Estado». Además, destaca que otras tres «murieron tras ser excarceladas debido al deterioro de su salud en prisión».
El informe describe un «patrón de muertes en manifestaciones, ejecuciones extrajudiciales, uso letal de la fuerza y fallecimientos en centros de detención».
Detenciones
Según la Misión, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 200 nuevas detenciones, de las cuales 155 correspondieron a hombres y 45 a mujeres.
Enero de 2025, en torno a la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, afirman que fueron arrestadas al menos 84 personas, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos y adolescentes.
Mayo de 2025, en el contexto de las elecciones regionales y parlamentarias, con 42 detenciones adicionales.
En total, desde julio de 2024 hasta agosto de 2025, documentaron 84 extranjeros detenidos, acusados de “terrorismo” o “subversión”, además de 220 niños, niñas y adolescentes (NNA) arrestados tras las protestas electorales.
La ONU advierte que las detenciones se hicieron con «irrupciones en viviendas, hombres encapuchados sin identificación, uso excesivo de armas largas, arrestos sin orden judicial y traslados en vehículos sin placas». En algunos casos, denuncian que «las autoridades llegaron a justificar la detención como una orden presidencial”.
Asimismo, denuncia el «uso sistemático del aislamiento y la incomunicación contra detenidos políticos». Documentaron «golpizas, amenazas, tratos crueles, condiciones inhumanas de reclusión y privaciones prolongadas de contacto con familiares y abogados».
Además, indican que «las audiencias judiciales se llevaron a cabo en centros de detención, de forma telemática o en horarios nocturnos, lo que eliminó garantías mínimas de publicidad y convirtió los procesos en juicios secretos».
La «violencia sexual» es otro de los mecanismos descritos en el documento. «Mujeres, niñas y adolescentes privadas de libertad fueron sometidas a desnudez forzada, tocamientos, prostitución forzada y sexo transaccional coercitivo», describe el documento.
La Misión resalta que este «patrón no es aislado», sino que forma parte de una «política de Estado dirigida a castigar y silenciar a la disidencia».
El informe dedica un apartado especial a los niños, niñas y adolescentes detenidos durante las protestas de 2024 y los actos vinculados a la toma de posesión presidencial en enero de 2025. En muchos de esos casos, denuncian que «se violó el debido proceso y el principio del interés superior del niño. Algunos adolescentes fueron arrestados de manera violenta en sus casas, incomunicados y sometidos a audiencias judiciales nocturnas, sin acceso adecuado a defensa legal».
Con información de El Cooperante
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