Científicos e ingenieros advirtieron al Gobierno venezolano que no construyera grandes complejos residenciales en la franja costera de La Guaira, una zona de alto riesgo sísmico, pero las advertencias no se atendieron.
Así lo concluye una investigación de The Associated Press publicada este miércoles, basada en entrevistas con decenas de ingenieros, sismólogos y exfuncionarios.
El 24 de junio, dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la región.
Al menos 14 torres de apartamentos se desplomaron casi al mismo tiempo, y cientos de personas quedaron atrapadas.
Según la investigación, los terremotos dejaron más de 6.500 fallecidos y más de 17.000 personas sin hogar.
Un terreno de riesgo conocido
La investigación recuerda que la zona tiene un historial de desastres, desde el terremoto de 1967 hasta la tragedia de 1999, cuando deslaves e inundaciones mataron a decenas de miles de personas.
Tras esa catástrofe, un equipo encabezado por el ingeniero Carlos Genatios, entonces ministro de Ciencia, diseñó restricciones de uso del suelo en la franja costera, pensadas sobre todo para reducir los riesgos por lluvias y, en menor medida, por sismos.
Genatios explicó que los científicos ya habían advertido que ese historial aumentaba el peligro en caso de terremoto.
El suelo de la costa es un limo suelto, acumulado por siglos de inundaciones y deslaves, que amplifica las ondas sísmicas.
Además, la falla de San Sebastián pasa justo por debajo del estado.
De la emergencia de 2010 a las torres de Caraballeda
Según la investigación, el problema se remonta a 2010.
Tras las lluvias que desplazaron a más de 100.000 personas en el país, el Gobierno impulsó en 2011 un plan masivo de vivienda pública.
Como faltaban terrenos, se levantaron torres de concreto de entre 10 y 20 pisos en la costa, dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
De las 43 torres construidas en el estado, 39 estaban en la parroquia Caraballeda.
Mientras se construían, organizaciones gremiales y de vigilancia cuestionaron si los proyectos cumplían las normas de construcción, incluidas las sismorresistentes, y si eran adecuados los materiales, como el cemento y el acero.
Los expertos también advirtieron que edificios de esa altura pueden entrar en resonancia con las ondas sísmicas, lo que aumenta el riesgo de colapso.
Sin planos ni estudios públicos
La investigación señala que no se sabe si los contratistas respetaron los códigos venezolanos ni si se hicieron estudios de suelo antes de construir, o si fueron ignorados.
El Gobierno no ha divulgado planos, estudios de suelo, registros de inspección ni la memoria descriptiva de las obras.
Tampoco ha informado sobre análisis forenses en el sitio, mientras avanzan las labores de limpieza, incluida la demolición con explosivos de edificios dañados.
Francisco «Farruco» Sesto, quien dirigió la oficina responsable de la misión de vivienda, no respondió a la solicitud de entrevista.
Días después de los sismos, sin presentar pruebas, afirmó en una entrevista con un influencer vinculado al oficialismo que sí se hicieron estudios de suelo.
Calificó las críticas de «campaña insidiosa y maliciosa» y sostuvo que buena parte de las viviendas estatales las construyó el sector privado.
Un movimiento del suelo extraordinario
La investigación también reconoce que la fuerza de los sismos fue excepcional.
El ingeniero Eduardo Miranda, de la Universidad de Stanford, analizó imágenes de cámaras de seguridad en Caraballeda, donde ocho edificios colapsan en menos de un segundo.
Su equipo concluyó que fue uno de los mayores movimientos del suelo jamás documentados y que a estructuras diseñadas bajo estándares japoneses les habría costado resistir. Para Miranda, la intensidad del movimiento fue la razón principal del impacto en La Guaira.
Aun así, el sismólogo mexicano Carlos Valdés sostuvo que los funcionarios estaban «retando a la naturaleza» al construir en ese lugar.
Los sobrevivientes, por su parte, acusan al Gobierno de usar materiales de baja calidad por ahorrar costos, pues se encontró poliestireno entre los escombros.
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