El Gobierno de Maduro formalizó este martes una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la incautación de su tanquero petrolero «Skipper» por parte de Estados Unidos.
El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, entregó una carta a la presidencia del Consejo, actualmente ejercida por Eslovenia.
Acusación de «Piratería» y «Agresión»
Moncada informó que la misiva denuncia «el robo del tanquero Skipper por parte del Gobierno de EE.UU. en un acto típico de piratería, totalmente violatorio del derecho internacional».
El representante venezolano subrayó que este evento no es un «hecho aislado», sino que se «inscribe en una política sostenida de coerción y agresión» de Washington contra Caracas.
Exigencias y Solicitudes al Consejo de Seguridad
En su comunicación formal, Caracas elevó una serie de demandas perentorias a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU:
- Liberación Inmediata: Exigencia a Washington de la «liberación inmediata y sin condiciones de la tripulación secuestrada».
- Devolución del Petróleo: Reclamo de la «devolución inmediata del petróleo venezolano confiscado ilegalmente en alta mar».
- Cese de Interferencias: Petición del «cese inmediato de cualquier acción de fuerza o interferencia contra la comercialización legal del petróleo venezolano».
A su vez, Venezuela instó al Consejo de Seguridad a condenar lo sucedido, tomar medidas para evitar la repetición de estas «acciones devenidas en mecanismos de coerción», y dejar constancia «por escrito» de que el Consejo «no ha adoptado ninguna decisión, resolución ni medida que autorice acciones contra Venezuela ni contra la comercialización internacional de su petróleo».
Argumento sobre la Legalidad Internacional
Las autoridades venezolanas argumentaron ante el Consejo que la tolerancia de este tipo de acciones por parte de un Estado mediante el uso de la fuerza militar es incompatible con el Derecho Internacional Marítimo y la Carta de la ONU.
«La coherencia del sistema multilateral exige que los mismos principios y condenas aplicados por este Consejo frente a la piratería en otras regiones del mundo, sean aplicados hoy contra la piratería ejercida por un Estado», manifestaron.
Advirtieron que «tolerar o normalizar este tipo de conductas equivaldría a legitimar el caos en la navegación marítima internacional«.
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