La empresa Fospuca, cuestionada por sus altas tarifas de servicio de aseo urbano, iniciará operaciones en Maracaibo, capital del estado Zulia, bajo un acuerdo -aún no oficial- con la alcaldía que gobierna Gian Carlo Di Martino para la recolección de los desechos sólidos.
La compañía anunció su expansión en Maracaibo en una publicación de Instagram, en la que ofertan puestos de empleos en al menos 12 áreas; incluso, informa que ya está operativa una sede administrativa ubicada en la avenida 20, entre calle 70 y 71 del sector Paraíso.
Fuentes ligadas a la Alcaldía marabina informaron que la empresa le propuso al exalcalde marabino, Rafael Ramírez, su operatividad en el servicio de aseo urbano, pero fue rechazado porque la factura superaba la recaudación que se tenía en la ciudad del pago de dos servicios.
El funcionamiento de Fospuca en Maracaibo implicaría un aumento en los impuesto municipales o de su recaudación, presumen los conocedores del tema por el alto costo que representa el servicio de la empresa.
En municipios donde funciona la compañía, como Baruta, Chacao, El Hatillo (Gran Caracas), Iribarren y Jiménez (Lara), Maneiro (Nueva Esparta), San Diego (Carabobo), El Tigre (Anzoátegui) y Caroní (Bolívar), los comerciantes han denunciado el quiebre de empresas por las altas facturas de su servicios de aseo. Y en algunos caso, Fospuca ha embargado los comercios por las deudas.
Fedecámaras Bolívar reportó que al menos 410 empresas cerraron entre noviembre de 2022 a abril de 2023 por incapacidad para pagar las tarifas del servicio a Fospuca. La empresa negó la acusación en un derecho de réplica.
Una nueva denuncia contra la empresa la hizo el ciudadano Giampiero Posa, quien denunció el cobro irregular de más de 3.000 dólares por parte de la empresa Fospuca, por la presunta deuda que acumula desde 2019 un local de su propiedad ubicado en la calle El Muñeco del municipio Chacao, estado Miranda.
Posa explica que desde hace más de 50 años en ese local funcionaba una sastrería que perteneció a su padre, quien falleció en 2016. Desde ese año y hasta 2024 el inmueble estuvo cerrado, dice en un video publicado en las redes sociales.
La empresa es presidida por el abogado y empresario venezolano José Simón Elarba, vinculado con el chavismo, quien además es presidente de la junta directiva de Bancamiga y abogado socio de Gadea & Lesseur y Asociados, según su perfil en Instagram.
Con información de El Pitazo
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