La fiscalía colombiana acusó ante una jueza este viernes a Álvaro Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que el expresidente colombiano se convierte formalmente en acusado en el caso de presunto soborno de testigos y fraude procesal.
Es la primera vez que la fiscalía presenta cargos contra Uribe (2002-2010), que fueron aceptados por la jueza 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que dictaminó que “a partir de este momento (el expresidente) adquiere la condición de acusado”.
De acuerdo con la decisión de la jueza, el proceso contra Uribe se inicia de manera formal y de ser hallado culpable el jefe del Centro Democrático puede tener una pena de entre 6 y 12 años de prisión.
Delitos imputados
La acusación se produce después de que la togada denegara la petición de nulidad del proceso contra el expresidente al considerarla “absolutamente improcedente”, por lo que “se impone su rechazo de plano, decisión contra la cual no procede recurso alguno”.
Igualmente, la jueza aceptó como víctimas del caso al senador izquierdista Iván Cepeda y a los exfiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, así como a Deyanira Gómez, exesposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve, involucrado en el caso.
Estas dos decisiones fueron aplaudidas por el abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, quien aseguró que “son decisiones que reconocen no solamente la condición de las víctimas sino la necesidad que las víctimas tengan acceso a la justicia y ahí defiendan y reclamen sus derechos”.
El fiscal que lleva el caso, Gilberto Villarreal, acusó a Uribe como “determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal” porque por “provecho suyo o de un tercero entregue o prometa una utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga a concurrir a declarar o para que falta a la verdad total o parcialmente”.
Igualmente lo acusó por “concurso homogéneo sucesivo de dos curules de fraude procesal”, es decir porque “por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”.
También como “determinador del delito de soborno” porque entregó o prometió “dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio”.
Con información EFE
