La Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) se pronunció este jueves sobre el polémico caso del avión iraní-venezolano, donde la justicia argentina decidió otorgar a Estados Unidos este equipo de transporte, implicado en investigaciones de supuestos actos terroristas.
A través de un comunicado difundido en redes sociales por entes adscritos al Gobierno, la empresa denunció que la retención de este medio de transporte provoca «pérdidas materiales causadas por daños al patrimonio público venezolano».
También denuncian que tras las acciones ejecutadas el pasado 6 de junio de 2022, donde al avión y a su tripulación se les impidió salir de Argentina, se procedió a una «violación de Derechos Humanos» y además adjudican supuestas irregularidades «en el cumplimiento de las relaciones internacionales».
«Asimismo, contradice los fallos del Juez Federico Villena, quien concluye que la liberación de la tripulación y la aeronave, ordenada por el Juzgado, demuestra que no existe, ni existieron elementos de convicción suficientemente válidos para determinar la comisión de un hecho ilícito relacionado con espionaje y acciones terroristas por parte de Emtrasur», se lee el mensaje difundido.
La misma alega que de esta forma «quedó demostrado» ante las autoridades locales que la empresa «cumplió con todos los permisos legales y el respectivo plan de vuelo» y además aseguran que fue demostrada la pertenencia legal del avión.
Emtrasur expresa que «se reserva el ejercicio de las acciones judiciales por daños al patrimonio de la Empresa, violación de derechos humanos, y del Convenio sobre Aviación Civil Internacional».
Con información de Versión Final
