La Policía Federal brasileña irrumpió en la mañana de este jueves en la casa de verano del ex presidente Jair Bolsonaro, acusado por el Supremo Tribunal Federal (STF) de haber intentado un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras haber perdido las elecciones de 2022.
El STF dio el paso tras una investigación plasmada en 134 páginas en las que se revela que el entonces presidente buscó mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones ante Luiz Inácio Lula da Silva.
La Policía Federal se presentó en la casa de verano de Angra dos Reis, en el Estado de Río de Janeiro, e incautó el teléfono móvil de Tercio Arnaud Thomaz, uno de los asesores del conservador Bolsonaro, que se encontraba en la residencia con el ex presidente.
Las fuerzas de seguridad reclamaron a Bolsonaro que entregase su pasaporte, pero el ex presidente alegó que no lo tenía consigo y recibió un plazo de 24 horas para cumplir con la orden.
Bolsonaro, de 68 años y presidente entre 2019 y 2023, tiene prohibido comunicarse con otras personas que son también objeto de la operación ‘Tempus Veritatis’, que investiga el intento de dar un golpe de Estado en 2022.
La investigación se basa especialmente en las revelaciones del coronel Mauro Cid, que fue ayudante de Bolsonaro durante su presidencia. Cid señaló a dos nombres, el ex asesor Filipe Martins y el almirante Almir Garnier dos Santos.
«Las informaciones recogidas revelaron que Jair Bolsonaro recibió un proyecto de decreto presentado por Filipe Martins y Amauri Feres Saad para dar un golpe de Estado, detallando supuestas interferencias del Poder Judicial en el Ejecutivo», dice la decisión del ministro miembro del STF Alexandre De Moraes
«Incluía la detención de varias autoridades, entre ellas los jueces del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes, así como el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco», prosigue.
«Posteriormente, se hicieron cambios a petición del entonces presidente, manteniéndose la orden de arresto del ministro Alexandre de Moraes y la celebración de nuevas elecciones».
Bolsonaro se presentó como víctima de una conspiración.
«Dejé el gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable», dijo el ex presidente al periódico ‘Folha de Sao Paulo’.
Las revelaciones del coronel desmontaron la versión de que no hubo más que sueños delirantes de algunos ultra conservadores: existió un plan y Bolsonaro lo impulsó personalmente.
Enterado de la operación contra su antecesor, Lula celebró el hecho durante una entrevista radial: «El hecho concreto es que hubo un intento de golpe. Hubo un intento de destruir algo que construimos hace tantos años, que es el proceso democrático. Estas personas tienen que ser investigadas».
Una semana después de asumir el poder, Lula sufrió la invasión a la Plaza de los Tres Poderes, un 8 de enero de 2023 que está en la historia negra de Brasil.
Esta semana, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó a 29 personas a prisión por el ataque golpista.
Las condenas se suman a otras conocidas en septiembre y que afectaron a 30 personas. Tras acordar en un plano virtual que los acusados debían ser condenados, los magistrados del STF debían aún establecer el nivel de las condenas, que van de los 11 a los 17 años.
En 2023, el STF condenó a otras 30 personas a penas de entre tres y 17 años de prisión. Las acusaciones son por cinco delitos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, asociación delictiva armada, daños agravados y daños al patrimonio protegido.
Las 59 personas que ya han pasado por el STF son de la categoría conocida como «los ejecutores», gente a la que se detuvo en el mismo momento en el que invadían y destrozaban las instalaciones del Palacio del Planalto, del Congreso y del propio STF.
La trama política detrás de la invasión a los tres poderes, inspirada en la que sufrió el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, es enrevesada y aún no hay condenas a los ideólogos.
Con información de El Mundo
