La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO), el brazo fiscalizador del Congreso, confirmó que abrió formalmente una investigación sobre el Fondo Petrolero de Venezuela, el mecanismo mediante el cual la Administración de Donald Trump deposita y administra los ingresos procedentes de la comercialización del crudo venezolano.
La revisión fue solicitada en abril por cuatro legisladores demócratas: el senador Tim Kaine, el representante Joaquín Castro, el representante Sean Casten y el senador Chris Van Hollen.
Según confirmó la portavoz de la GAO, Jessica Baxter, «la GAO ha aceptado la petición para revisar aspectos del Fondo Petrolero de Venezuela. Este trabajo ha comenzado recientemente y está en curso».
La pesquisa surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la falta de transparencia en el manejo de estos recursos, luego de que el propio presidente Trump admitiera que la cantidad recaudada por la venta de petróleo venezolano supera los 13.000 millones de dólares, cifra que su Gobierno aún no ha respaldado con balances públicos, saldos, comisiones ni auditorías.
Consultado al respecto a bordo del Air Force One, Trump fue incluso más allá al señalar:
«Creo que incluso más que eso», aunque no ofreció una cifra concreta ni explicó el cálculo.
Washington asumió el control de las exportaciones petroleras venezolanas tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar el 3 de enero, quien actualmente se encuentra detenido en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico junto a su esposa, Cilia Flores.
Desde entonces, los compradores internacionales realizan sus pagos en cuentas de custodia designadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU., en lugar de transferir los fondos directamente a Pdvsa o a las autoridades venezolanas, lo que ha generado dudas sobre la trazabilidad de los recursos.
De acuerdo con lo señalado por los legisladores, la investigación busca identificar las cuentas bancarias utilizadas, los comercializadores participantes, las comisiones establecidas para la venta del petróleo y los pagos autorizados, además de determinar si existen mecanismos para prevenir delitos financieros, corrupción, malversación de fondos y posibles conflictos de interés.
El examen de la GAO analizará la actuación conjunta de los departamentos de Estado, Energía y Tesoro, así como la participación de empresas y contratistas vinculados a la adquisición del crudo venezolano.
El funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak declaró en abril que unos 3.000 millones de dólares ya habían sido desembolsados desde la cuenta del Tesoro, destinados a salarios de funcionarios del gobierno interino y a insumos para la industria petrolera, entre otros usos autorizados por Washington bajo la orden ejecutiva que Trump firmó el 9 de enero.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en junio ante el Congreso que las ventas de petróleo son auditadas por una firma independiente.
Una fuente del Departamento de Estado sostuvo además que «existe una supervisión del cumplimiento para garantizar que los fondos beneficien al pueblo venezolano, y los recursos han estado disponibles para el gobierno venezolano sin demora».
Del lado venezolano, la plataforma Soberanía Transparente, creada por el Gobierno de Delcy Rodríguez para hacer seguimiento a los fondos administrados en el exterior, únicamente registra una transferencia formal de 300 millones de dólares, sin haber publicado los montos totales recaudados, los saldos netos en custodia ni las reservas asignadas para atender las emergencias derivadas de los sismos de junio.
Sigue al director de Alertas 24 en X para recibir más contenido relevante al instante:
