El Ayuntamiento de Doral, en Florida, votó unánimemente este miércoles 16 de abril para aprobar un acuerdo con el Gobierno federal que autoriza a las fuerzas del orden locales a realizar funciones que normalmente corresponden a las autoridades de inmigración.
Doral, un suburbio de Miami con unos 27.000 inmigrantes venezolanos, tiene la mayor población de inmigrantes venezolanos del país. Su presencia es tan grande que el suburbio se conoce comúnmente como “Doralzuela”.
El controvertido programa Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) permite que agentes de Policía sean designados para llevar a cabo ciertas actividades de control migratorio.
Entre esas actividades están el interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, así como para “cumplir y ejecutar órdenes de arresto por violaciones migratorias”, según un comunicado del gobernador de Florida, Ron DeSantis.
En la reunión del consejo del miércoles, los funcionarios municipales declararon que, según la ley estatal, estaban obligados a inscribirse en el programa de ICE.
“Aprobar esto es doloroso para todos. Todos somos inmigrantes. Yo soy inmigrante. Todos aquí tenemos familias que provienen de diferentes lugares donde, en este momento, hay un gran sufrimiento”, declaró el fiscal municipal Lorenzo Cobiella en la reunión.
“Sin embargo, todos juramos defender y proteger la ley”, continuó. “Y en este caso, tenemos muy poca discreción sobre lo que podemos hacer. El Estado nos obliga a tomar ciertas medidas y, si no las tomamos, nos amenazan con sanciones penales”.
“La decisión de la Ciudad de Doral de alinearse con el ICE marca un cambio peligroso que amenaza la seguridad, la dignidad y la confianza de las mismas personas que construyeron esta comunidad”, declaró la venezolana-estadounidense Adelis Ferro ante el consejo.
Ferro señaló que “convertir la Policía de Doral en un brazo de la Policía federal de inmigración destruye la confianza. Cuando la gente le teme a la Policía, no denuncia los delitos. Las víctimas guardan silencio, los testigos desaparecen y todos estamos menos seguros”, enfatizó.
La venezolana alegó que “la Policía está aquí para proteger y servir, no para discriminar ni deportar. Esta decisión no hace que Doral sea más seguro. Lo vuelve silencioso, sospechoso y dividido”.
“Lo que hace esto aún más doloroso es que cada uno de ustedes, sentados en el estrado, es inmigrante o hijo de inmigrante; saben lo que significa dejarlo todo por una oportunidad de libertad. Conocen el miedo, la esperanza, el sacrificio, y, aun así, hoy le dan la espalda a quienes recorren el mismo camino que sus familias”, afirmó Ferro.
El concejal de Doral Rafael Pineyro, el único venezolano en el consejo, votó a favor del acuerdo junto con los otros cuatro miembros, todos de origen latino. Afirmó que el acuerdo está “destinado a atacar a personas que han cometido delitos”.
“Nadie debería ser atacado por su apariencia ni por el idioma que habla”, declaró Pineyro. “Me aseguraré de que nuestro Departamento de Policía siga actuando con dignidad y defendiendo los derechos de todos en nuestra comunidad”.
La vicealcaldesa Maureen Porras también aseguró a los residentes que no serán atacados de forma generalizada.
Con información de La Verdad y CNN
