Los abogados de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, plantearon este miércoles que el gobierno de Venezuela se haga cargo de todos los gastos de su eventual arresto domiciliario en Nueva York, según un escrito presentado ante el tribunal federal que lleva el caso.
En el documento, la defensa sugiere al juez que convierta cada una de las preocupaciones de la Fiscalía en una condición de la liberación, que debería cumplirse antes de que Flores salga de custodia.
La primera propone que Venezuela presente, por medio de un funcionario autorizado, un compromiso escrito de asumir «todos los costos» de la residencia, la seguridad, el monitoreo y el custodio mientras ella permanezca en libertad.
Según el escrito, ese compromiso formalizaría lo que la República ya declaró bajo juramento.
Las otras condiciones sugeridas incluyen que la defensa proponga un custodio independiente que se comprometa a reportar cualquier violación, sujeto a la revisión de los servicios previos al juicio y de la Fiscalía y a la aprobación del tribunal.
También que Flores firme una fianza por el monto que fije el juez, avalada por personas con solvencia económica aprobadas por la corte.
Un giro respecto a la solicitud original
La propuesta cambia lo que los abogados habían planteado el 9 de septiembre.
Entonces pidieron que Flores, de 69 años, fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York, con guardias armados las 24 horas, pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas intervenidas y los costos los asumiría la propia Flores.
El 23 de septiembre, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se opuso a la solicitud.
Sostuvo que existe un riesgo de fuga «extremo» y que Flores representa un «peligro para el público».
Además, cuestionó cómo pagaría el costoso esquema de vigilancia y señaló que aparentemente tiene acceso a recursos considerables, pese a no haber entregado información sobre sus fondos.
«No dispone de fondos»
En su respuesta, la defensa rechaza el argumento de que Flores pueda «comprar su libertad».
Dice que no dispone de fondos para pagar su defensa, algo que, según los abogados, ella declaró bajo pena de perjurio.
En una declaración presentada en marzo, Flores afirmó que el gobierno venezolano ha venido pagando sus honorarios legales y que, por eso, no puede costear su propia defensa. Los pagos requirieron un permiso especial del gobierno de Estados Unidos.
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