La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este viernes una reforma constitucional que otorga un control absoluto de los poderes del Estado al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo.
El órgano, controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó «por unanimidad» la iniciativa presentada el martes por el mandatario, anunció el jefe parlamentario Gustavo Porras ante el plenario.
La polémica reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, y confirma el poder que ya tiene Murillo al igualarlo al de Ortega, pues eleva su rango de vicepresidenta a «copresidenta».
Ortega y Murillo controlarán todos los poderes del Estado y vigilarán medios e Iglesia
El texto concede un poder total al gobierno pues establece que los copresidentes coordinarán «a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales», que antes la Constitución reconocía como independientes.
La reforma establece que el régimen de Ortega y Murillo «vigilará» a la prensa y la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros».
También oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados «traidores a la patria», como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores en los últimos años.
Una «policía voluntaria» para un régimen «revolucionario» y socialista»
Asimismo, la Constitución reformada crea una «policía voluntaria» integrada por civiles, como «cuerpo auxiliar y de apoyo» a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a lo ocurrido en 2018.
En la reforma, Nicaragua es además definida como un Estado «revolucionario» y socialista», e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla que lideró una insurrección popular que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007. Desde entonces, ha instaurado una «dictadura» y el «nepotismo» junto a su esposa, señalan sus críticos.
Ambos radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU.
Con información de DW
