La Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Chile aprobó ampliar las causales de expulsión de los extranjeros involucrados en delitos y autorizar al Servicio Nacional de Migraciones a rechazar o cancelar los permisos de residencia de quienes tengan sanciones o multas por faltas reiteradas ante juzgados de policía local por ruidos molestos, riñas y comercio ambulante, entre otras actividades.
“De esta manera, se busca establecer medidas que protejan una convivencia armoniosa y respetuosa”, se argumenta en el proyecto legislativo aprobado el 26 de noviembre, que modifica la actual Ley de Migraciones, norma que regula el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de personas extranjeras a Chile.
De acuerdo con las leyes del país austral, una vez revocado el permiso de residencia, el extranjero tiene un plazo determinado para abandonar el territorio chileno. El incumplimiento de esta disposición puede acarrear sanciones legales adicionales.
Los cambios han sido impulsados por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, y apuntan a que sea más difícil para las personas extranjeras ingresar, permanecer y obtener la nacionalidad en el país austral.
Esta propuesta legislativa debe aprobarse ahora en el Senado y surge en medio de un incremento sostenido de la población migrante, que se estima en 1 millón 625.074 personas. Venezuela es el país con el mayor número de migrantes en la actualidad, con 532.715 personas en su territorio según datos del Censo de 2022.
Organizaciones que defienden los derechos humanos rechazaron la reforma. Consideran que las medidas aprobadas eliminan derechos que previamente habían sido reconocidos y protegidos por la ley, y ponen en riesgo la integridad y la propia vida de las personas migrantes en Chile.
“Estas medidas representan un grave retroceso que no solo profundiza la exclusión y precariza la vida de las personas migrantes, sino que también debilita el Estado de Derecho, al imponer sanciones desproporcionadas, basadas en prejuicios y procedimientos sin garantías procesales”, alertaron las organizaciones en un comunicado el 27 de noviembre.
Con información de El Pitazo
