El Congreso de Chile dio luz verde a una ley para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares. Entre sus medidas figura que la policía pueda ingresar a una vivienda, con autorización de un juez, para detener a una persona con orden de expulsión vigente. El Senado la aprobó el martes 20 de octubre.
La Cámara Alta respaldó con 37 votos a favor y una abstención el informe de la comisión mixta que modifica la Ley de Migración y Extranjería. El texto fue acordado por unanimidad en esa comisión y busca agilizar las expulsiones administrativas y darles mayor seguridad jurídica.
La ley facilita la ubicación y detención, a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), de extranjeros con órdenes de expulsión vigentes.
Un comunicado del Senado precisa que la policía podrá pedir a un juez permiso para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona con orden de expulsión.
Además, las autoridades podrán solicitar a organismos públicos datos de indocumentados para notificarles sus órdenes.
La norma también eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país en casos específicos y establece mecanismos para expulsar de inmediato a extranjeros irregulares involucrados en ciertos procesos penales, siempre que el tribunal lo autorice.
La iniciativa fue ingresada en 2024 por el entonces presidente Gabriel Boric y reimpulsada por el gobierno de José Antonio Kast, quien asumió en marzo.
La expulsión de los más de 330.000 migrantes irregulares que, según el INE, viven en el país fue una de las principales banderas de su campaña.
La mayoría de los indocumentados son venezolanos.
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