Junto con la toma de posesión de José Raúl Mulino, este 1 de julio, se produjeron dos acciones que apuntan a reducir el volumen de migrantes, quienes deben recorrer unos 160 kilómetros a pie, por zonas boscosas en las que no hay carreteras o caminos apropiados. El tapón o selva del Darién, además, se ha convertido en un territorio controlado por mafias criminales dedicadas al tráfico de drogas y a la trata de personas.
El año pasado se estableció un récord de medio millón de migrantes en tránsito para seguir luego una travesía por Centroamérica y México, pero en su mayoría apostando a lograr ingresar sin documentación a Estados Unidos.
El mismo día que asumió Murilo, el gobierno de Estados Unidos anunció que patrocinará vuelos de repatriación desde Panamá de migrantes que no tengan documentación para permanecer en territorio panameño.
Poco después, en tanto, el mandatario quien como ministro estuvo a cargo de los temas de seguridad durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), anunció medidas orientadas al control de Panamá sobre la movilidad humana, que se ha hecho masiva en los últimos años.
El nuevo gobierno de Panamá puso en práctica desde este 3 de julio medidas que incluyen barreras perimetrales en tres puntos estratégicos del Darién, entre ellos accesos no autorizados en las costas pacífica y caribeña, así como en el sector del Hito de Chucurtí, conocido por ser una vía clave utilizada por migrantes irregulares.
Además, se han reforzado los patrullajes costeros y la interdicción marítima de embarcaciones en las que traficantes de personas trasladan a los migrantes. Para el gobierno panameño, la intención es canalizar de manera más controlada el flujo migratorio hacia Bajo Chiquito, el primer asentamiento poblacional panameño al que llegan los migrantes tras días de dura travesía por la selva del Darién.
Durante la campaña electoral, en la que fue un candidato sustituto del ex presidente Ricardo Martinelli, quien por una condena judicial salió de la carrera presidencial, Mulino enfatizó que cerraría el paso por el tapón o selva del Darién, una extensión inhóspita de unos 17.000 kilómetros cuadrados que separa a Panamá de Colombia.
Si bien ambos países comparten la preocupación de que delincuentes están aprovechando este inédito y masivo flujo migratorio de sur a norte en el continente, y por tanto se imponen medidas de seguridad y control, varias organizaciones de derechos humanos han levantado su voz de alerta por la situación de vulnerabilidad de los migrantes, que justamente huyen de situaciones difíciles y adversidades en sus países de origen.
Expertos en temas de migración no consideran factible que por las características y extensión del Darién se pueda “cerrar” completamente el paso de peatonal.
A la fecha, por otro lado, el gobierno de Panamá no ha establecido que los y las migrantes deban tener documentos de identidad vigentes o visas para poder cruzar el Darién, luego el territorio panameño y alcanzar la frontera con Costa Rica.
Sin embargo, la alianza de Panamá con Estados Unidos ha quedado refrendada apenas llegó al poder Murilo con los vuelos de repatriación que serán financiados por Washington, para aquellos migrantes sin documentación que se encuentren en territorio panameño. No es explicita la medida sobre la nacionalidad de quienes serían expatriados, pero se presume que es una medida dirigida fundamentalmente a migrantes de la región.
Con información de El Estímulo
