El gobierno de Donald Trump ha revocado una prórroga de las protecciones contra la deportación que el presidente Joe Biden había concedido a más de 600.000 venezolanos que ya se encontraban en Estados Unidos.
El martes, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, decidió revocar la prórroga de 18 meses de lo que se conoce como Estatus de Protección Temporal (TPS por su sigla en inglés), un mecanismo destinado a ayudar a las personas que se encuentran en Estados Unidos y no pueden regresar de forma segura e inmediata a su país a causa de una catástrofe natural o un conflicto armado.
La medida supone un duro golpe para cientos de miles de migrantes venezolanos que creían que no solo estarían protegidos de la deportación, sino que también se les brindarían permisos de trabajo hasta al menos el otoño de 2026.
Deshacer la prórroga podría sumarse a la ofensiva de Trump no solo contra la inmigración ilegal, sino también contra los migrantes a los que el gobierno de Biden había autorizado a permanecer en el país.
En el pasado, Trump se ha centrado en los inmigrantes acogidos al Estatus de Protección Temporal, que ayuda a migrantes procedentes de algunos de los países más inestables del mundo. Sin embargo, los republicanos han argumentado que la medida se ha desviado mucho de su misión original de proporcionar refugio temporal ante conflictos o catástrofes.
Durante su primer gobierno, Trump intentó eliminar la protección a los migrantes de varios países, como Haití, El Salvador y Sudán. Los tribunales federales obstaculizaron algunos de esos esfuerzos.
La decisión de Noem es contraria a la medida adoptada por Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional bajo el mandato de Biden, de ampliar las protecciones para los venezolanos en el último mes del mandato de Biden.
Por lo general, la agencia debe decidir a intervalos regulares si las protecciones deben prorrogarse antes de que caduquen. En la notificación se argumentaba que Mayorkas se había adelantado demasiado y decía que la prórroga no debía seguir en vigor “dado el brevísimo periodo” transcurrido desde que se emitió el 17 de enero.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, que habló bajo condición de anonimato, argumentó que la prórroga de última hora del gobierno de Biden parecía una forma de atarle las manos a los funcionarios de Trump.
Los venezolanos han afluido a Estados Unidos en los últimos años al tiempo que la economía de su país se ha hundido y el gobierno autocrático del presidente Nicolás Maduro ha reprimido la disidencia.
Quienes recibieron inicialmente el Estatus de Protección Temporal en 2021 mantendrán sus protecciones hasta septiembre, mientras que quienes lo obtuvieron en 2023 las tendrán al menos hasta abril. Noem tiene hasta el sábado para decidir si concede su propia prórroga al grupo de venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023.
Si el gobierno no toma una decisión antes del sábado, las protecciones se prorrogarán automáticamente por seis meses, decía la notificación.
Los defensores de los migrantes dijeron que la cancelación de la prórroga del gobierno de Biden causaría confusión y miedo entre los venezolanos de todo Estados Unidos.
“Al tomar esta medida, la secretaria Noem lanza a más de 600.000 personas a un estado de limbo burocrático permanente”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, integrante sénior del Consejo Estadounidense de Inmigración. “La gente ya no tendrá ninguna certeza sobre si pueden permanecer legalmente en el país hasta finales de año”.
Dijo que la decisión señalaba que el gobierno de Trump también podría decidir no emitir su propia prórroga para los venezolanos que recibieron su estatus en 2023.
“Si el gobierno de Trump decide poner fin al TPS para más de 600.000 venezolanos, también podría tener repercusiones significativas en la economía, ya que casi todos los que tienen el estatus están trabajando aquí legalmente”, añadió.
Cuando decidió ampliar las protecciones este mes, el gobierno de Biden mencionó “las crisis políticas y económicas del inhumano régimen de Maduro”.
El comunicado decía que “estas condiciones han contribuido a elevados niveles de delincuencia y violencia, afectando el acceso a alimentos, medicinas, atención sanitaria, agua, electricidad y combustible”.
Con información de NYT
