Las delegaciones del Gobierno Nacional y de la Asamblea Nacional 2015 anunciaron este miércoles 21 de octubre la culminación del tercer ciclo de conversaciones con seis acuerdos: revisar cuatro leyes ligadas a los derechos políticos, discutir una defensoría de garantías políticas, avanzar en la conformación del comité que escogerá a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reclamar al Reino Unido el oro venezolano y unir esfuerzos por la recuperación económica.
El comunicado, de tres páginas, fue firmado por Jorge Rodríguez, por el Gobierno, y por Dinorah Figuera, por la delegación de la Asamblea de 2015.
Según el texto, el ciclo comprendió seis jornadas de trabajo, con dos plenarias y quince reuniones en cuatro mesas técnicas.
Tres ya estaban activas: fortalecimiento de la democracia y el poder judicial; libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información; y atención de la emergencia por el doble terremoto y recuperación del oro en el Reino Unido.
La cuarta, instalada en este ciclo, tratará las garantías políticas, económicas y sociales.
1. Libertad de expresión: avances y concesiones de radio y televisión
El primer acuerdo reconoce avances en este ámbito, que el comunicado atribuye al “levantamiento de medidas administrativas y cautelares”, y establece que se seguirá trabajando para obtener mejores resultados.
Además, recomienda actualizar las concesiones de uso del espectro radioeléctrico, es decir, las licencias con las que operan emisoras de radio y televisión, garantizando que se apliquen las normas vigentes y dentro del proceso de simplificación de trámites del Estado.
2. Revisión de cuatro leyes
Este es el punto de mayor alcance político. Las partes acordaron iniciar una “revisión profunda de diversos instrumentos legales” para fortalecer la convivencia democrática, la paz, el respeto y la reconciliación. La lista incluye:
- La Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que regula la actividad de las organizaciones políticas y las concentraciones, con el fin de garantizar la participación de todos los actores y el pluralismo político.
- La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente lo referido al proceso de inhabilitaciones, el mecanismo con el que se ha impedido a dirigentes ejercer cargos públicos.
- La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, aprobada en 2024, que contempla sanciones vinculadas a las medidas coercitivas contra el país.
- La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en lo relativo a la definición y tipificación del terrorismo.
3. Garantías de derechos políticos y una nueva defensoría
Ambas delegaciones trabajarán en procesos para evaluar y resolver situaciones que contravengan el acceso y las garantías de los derechos políticos, apoyándose en los avances del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
Además, se inicia la discusión para crear una “defensoría de garantías políticas y participación ciudadana”, que sería una instancia de protección del ejercicio de esos derechos.
4. Camino al nuevo TSJ
El comunicado reconoce el avance de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, que ya entrevistó a los 127 postulados que representan a distintos sectores de la sociedad.
En la próxima sesión de la Asamblea Nacional se designarán los doce integrantes del comité, se publicará el cronograma “en estricto apego a la Constitución y la ley” y, una vez instalado, se activará el consejo de revisión de credenciales.
Este proceso corresponde a la renovación total del TSJ pactada en el primer ciclo.
5. Reclamo al Reino Unido por el oro venezolano
El quinto acuerdo reitera ante las instituciones competentes del Reino Unido “la necesidad y urgencia de recuperar” los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra.
Los recursos se destinarían a atender a la población afectada por el doble terremoto y a recuperar los servicios públicos, en seguimiento del acuerdo del 12 de agosto.
Para ello se conformará una delegación paritaria que gestionará el tema ante esas instancias.
Según reportes previos, se trata de unas 31 toneladas de lingotes, equivalentes a unos 4.000 millones de dólares.
6. Recuperación económica y derechos sociales
Las delegaciones ratificaron que la prioridad es la recuperación económica nacional y se comprometieron a promover condiciones que garanticen derechos, libertad e independencia para la prosperidad del país y para el ejercicio de los derechos sociales a la salud, la alimentación, la educación, el ingreso de los trabajadores y los servicios públicos.
El documento cierra con el compromiso de hacer seguimiento al cumplimiento de lo pactado y de presentar informes oportunos sobre los avances.
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