La justicia federal de Estados Unidos mantiene una orden de arresto vigente contra el exgobernante cubano Raúl Castro, de 94 años. Lo acusa de su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996.
El caso salió a la luz el 20 de mayo, cuando el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció la acusación formal en un acto en la Freedom Tower, en el centro de Miami.
La acusación había sido emitida por un gran jurado federal el 23 de abril de 2026 y se mantuvo bajo reserva hasta que fue desclasificada. Blanche dejó claro que no se trata de un gesto simbólico y que se espera que Castro comparezca ante la corte, “por voluntad propia o de otra manera”.
Los hechos de 1996
El 24 de febrero de 1996, cazas de la Fuerza Aérea Cubana derribaron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate sobre el Estrecho de Florida, en aguas internacionales.
Murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal en el país.
En ese momento Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que según la acusación lo ubica en la cúspide de la cadena de mando. Más tarde asumió la presidencia de Cuba, cargo que ejerció entre 2008 y 2018.
La fiscal federal adjunta Yara Klukas, segunda al mando de la oficina del Distrito Sur, afirmó que Castro es considerado fugitivo porque no se ha presentado ante el tribunal.
Señaló que la orden alcanza también a otros acusados, exmilitares cubanos señalados como pilotos en el caso.
Aseguró que ya hay mecanismos judiciales en marcha para llevarlo a Miami y que “tendrá su día en la corte” ante un jurado del sur de Florida.
Según Klukas, el caso avanzó cuando las autoridades lograron tener bajo custodia en territorio estadounidense al expiloto Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. Este cumplió una condena de siete meses en Florida por fraude migratorio.
La fiscal adelantó que será trasladado a Miami en las próximas semanas para enfrentar un nuevo proceso por el derribo. También informó de la creación de un grupo de trabajo especializado en investigaciones relacionadas con Cuba.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también llamó “fugitivo” a Castro.
Dijo que las pruebas son claras, pero se negó a detallar cómo se pretendería trasladarlo a Estados Unidos. Legisladores republicanos de Florida respaldaron la acusación, y algunos pidieron que se le trate como a Nicolás Maduro, capturado en Caracas y hoy preso en Nueva York.
Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó el proceso. Lo calificó de político, sin base jurídica, y dijo que busca justificar una eventual agresión militar contra la isla. Mariela Castro, hija del exmandatario, afirmó que su padre “no será secuestrado”.
La acusación se suma a la presión de Washington sobre Cuba, que incluye un bloqueo energético y amenazas de “tomar el control” de la isla.
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