Desde que la Ley contra el Odio entró en vigencia en 2017, a 927 personas se les imputó el delito de instigación al odio en Venezuela.
La cifra la dio a conocer este miércoles 30 de septiembre el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, a través de su cuenta en X.
Según sus registros, seis de los imputados continúan privados de libertad y 638 siguen sujetos a medidas cautelares.
Himiob aclaró que en algunos casos el delito se imputó junto con otros.
El Ejecutivo pide reformar la ley
Los datos se conocen pocos días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidiera a la Asamblea Nacional reformar «con urgencia» la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
La norma fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, que Rodríguez presidía entonces, y contempla penas de 10 a 20 años de prisión para quien fomente o incite al odio, la discriminación o la violencia.
Rodríguez reconoció que la ley «fue mal aplicada» y que se hizo un «uso abusivo» de ella, aunque dijo creer en sus principios.
Se anunció la conformación de una comisión especial para la reforma, pero todavía no se precisa qué artículos serían modificados.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió «revisar y cerrar» los procesos abiertos bajo esta norma, que, a su juicio, solo han servido para criminalizar la expresión. Otras organizaciones van más lejos y piden su derogación.
Casos que generaron asombro
Más allá de las cifras, varios procesos se hicieron conocidos por el contraste entre el mensaje que los originó y la gravedad de las consecuencias.
El caso más comentado es el de Merlys Oropeza, una joven de Maturín, estado Monagas, detenida el 9 de agosto de 2024, once días después de las elecciones presidenciales.
Su delito fue publicar en su estado de WhatsApp un mensaje crítico contra la jefa del CLAP de su sector.
En junio de 2025 fue condenada a 10 años de prisión por incitación al odio. Su defensa denunció irregularidades y falta de pruebas. Fue excarcelada el 22 de julio de 2025.
Otro caso fue el de la médico Marggie Orozco, del estado Táchira.
Fue denunciada por una representante local del CLAP por un audio de WhatsApp en el que llamaba a votar contra el Gobierno en las elecciones del 28 de julio.
El 14 de noviembre de 2025 la condenaron a 30 años de prisión, la pena máxima que permite el ordenamiento venezolano. Fue excarcelada semanas más tarde.
En 2020, durante la pandemia, el periodista Darvinson Rojas estuvo detenido 12 días por publicar tuits con reportes sobre el coronavirus. Ese mismo año, la bioanalista Andrea Sayago fue imputada por instigación al odio y traición a la patria tras advertir sobre casos de COVID-19 en Trujillo.
En 2020 también fue detenido el médico Luis Araya, en Carora, estado Lara, por criticar en WhatsApp a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Un informe de la ONG Espacio Público sobre 2021 contabilizó 35 detenciones por buscar, recibir o difundir información.
En 17 de esos casos se invocó la Ley contra el Odio, y al menos tres de las detenciones fueron por publicaciones en WhatsApp.
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