El inicio formal de la crisis eléctrica en Venezuela se remonta al año 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez decretó por primera vez el «Estado de Emergencia Eléctrica».
Aunque el Gobierno atribuyó la situación al fenómeno climático «El Niño» y a una sequía extrema que afectó los niveles del embalse de Guri, expertos del sector señalan que para esa fecha ya era evidente el rezago en la inversión y el crecimiento de la demanda que superaba la capacidad de generación instalada.
A partir de ese momento, los venezolanos comenzaron a familiarizarse con términos como «Plan de Administración de Carga» y el uso de plantas eléctricas privadas.
A lo largo de estos años, se han implementado diversas medidas institucionales y técnicas, siendo la más emblemática la centralización total del sector.
En 2007, se creó la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), fusionando las empresas regionales y privadas en un solo ente estatal bajo control militar y civil.
Entre las medidas más polémicas destacan la sustitución masiva de bombillos incandescentes por ahorradores, la reducción de la jornada laboral en el sector público para ahorrar energía, y el cambio del huso horario en 2016.
A pesar de la millonaria inversión en plantas termoeléctricas para diversificar la matriz energética, la mayoría de estos proyectos quedaron inconclusos o fuera de servicio por falta de mantenimiento.
El punto de quiebre definitivo ocurrió en marzo de 2019, cuando un apagón nacional dejó al país a oscuras por casi una semana, evidenciando la fragilidad extrema del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Desde entonces, el Gobierno ha transitado entre la militarización de las subestaciones y la justificación de las fallas mediante teorías de «sabotaje electromagnético» y, más recientemente, la incidencia directa de los rayos solares.
En este 2026, la crisis ha entrado en una fase de racionamientos crónicos que han pasado de ser interdiarios a diarios.
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