En una declaración pública respaldada por la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Elvira Llovera y José Gregorio Pernalete, padres del joven asesinado en 2017 Juan Pablo Pernalete exigieron justicia formal ante las nuevas autoridades del Poder Ciudadano.
La petición está dirigida específicamente al recién designado fiscal general, Larry Devoe, a quien instan a reabrir los expedientes de las víctimas de las protestas de 2017 que aún permanecen en la impunidad.
Los esposos Pernalete, actuando en representación de la organización Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (ALFAVIC 2017), enfatizaron que la justicia no debe limitarse a los autores materiales, sino que debe alcanzar a toda la cadena de mando responsable de las violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, solicitaron que el Estado venezolano realice un reconocimiento público de los hechos ocurridos durante las manifestaciones de ese año como un paso necesario hacia la reparación simbólica.
Llamado a la Defensoría del Pueblo
La exigencia de los familiares también se extendió a la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato.
Los representantes de ALFAVIC 2017 le recordaron que su mandato constitucional la obliga a combatir la impunidad y a acompañar activamente las demandas de las víctimas.
«No queremos venganza, queremos justicia, y la justicia no se negocia», sentenciaron los padres de Juan Pablo.
Durante su pronunciamiento, advirtieron que los crímenes de lesa humanidad, ampliamente documentados por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y actualmente bajo investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), no prescriben bajo ninguna circunstancia.
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