El juez federal argentino Sebastián Ramos solicitó formalmente este miércoles 4 de febrero de 2026 la extradición de Nicolás Maduro.
Maduro, quien se encuentra bajo custodia en territorio estadounidense tras ser capturado el pasado 3 de enero, es requerido por los tribunales de Buenos Aires para responder por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La solicitud se basa en una causa abierta por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, que denuncia un plan sistemático de tortura y persecución política en Venezuela desde el año 2014.
La medida judicial se apoya en el principio de jurisdicción universal y en una orden de captura internacional emitida previamente por la Cámara Federal de Buenos Aires.
El magistrado argumentó que, ante la detención de Maduro por cargos de narcoterrorismo en Nueva York, las condiciones están dadas para que la justicia argentina proceda con el reclamo legal.
Esta acción busca que el líder chavista sea interrogado por la presunta violación de los derechos humanos de miles de ciudadanos, consolidando el papel de Argentina como referente en la persecución de delitos internacionales en este 2026.
Implicaciones legales y el futuro judicial de Maduro
A pesar de que Nicolás Maduro ya enfrenta un proceso prioritario en las cortes federales de los Estados Unidos, la petición de la justicia argentina añade una nueva capa de presión legal sobre el detenido.
El fiscal Carlos Stornelli, impulsor de la medida, señaló que la gravedad de los delitos de lesa humanidad exige que el acusado comparezca ante las víctimas que residen en el cono sur.
Mientras el gobierno encargado de Delcy Rodríguez observa el desarrollo de estos juicios desde Caracas, la comunidad internacional debate sobre cuál será el destino final del procesado tras la finalización de sus audiencias en el distrito sur de Manhattan.
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