El Gobierno de España dio un paso decisivo este martes 27 de enero de 2026 al anunciar el inicio de la tramitación de un Real Decreto (RD) destinado a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que residen en el país en situación administrativa irregular.
La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, busca integrar plenamente en el sistema laboral y social a cerca de medio millón de personas que actualmente se encuentran en la economía sumergida, permitiéndoles acceder a derechos fundamentales y contribuir formalmente a la Seguridad Social.
El proceso es el resultado de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recibió el respaldo del Congreso de los Diputados tras recolectar más de 700,000 firmas ciudadanas.
Según los lineamientos presentados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podrán optar a este beneficio aquellos ciudadanos extranjeros que acrediten su permanencia en territorio español desde antes del 1 de noviembre de 2024.
Esta regularización no solo pretende corregir la precariedad de miles de familias, sino también fortalecer el sistema de pensiones y aumentar la recaudación fiscal mediante la afloración de empleos no declarados en sectores clave como la agricultura, la hostelería y los cuidados.
Tras este anuncio, se abre un periodo de consulta pública y ajustes técnicos antes de que el mecanismo de solicitud sea habilitado oficialmente en las oficinas de extranjería de todo el país.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y colectivos de migrantes han celebrado la decisión como un triunfo histórico de la sociedad civil, mientras que el Ejecutivo central ha reiterado que esta medida es una respuesta pragmática y humanitaria a la realidad demográfica de España, garantizando que el proceso se realice de forma ordenada y bajo estrictos criterios de seguridad.
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