La Audiencia Nacional de España ratificó este viernes 16 de enero de 2026 la inadmisión de la querella presentada contra la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y el exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres.
El tribunal confirmó que la jurisdicción española no tiene competencia para investigar los presuntos delitos de tortura y crímenes de lesa humanidad denunciados por una ciudadana venezolana, cerrando así la vía judicial en dicho país para este caso específico.
El magistrado Antonio Piña Alonso, titular del Juzgado Central de Instrucción (JCI) número 6, explicó que no se cumplen los requisitos legales de la justicia universal en España.
Según el auto judicial, los hechos denunciados ocurrieron fuera del territorio español, las personas querelladas no poseen nacionalidad española y la víctima tampoco ostenta dicho vínculo con el Reino de España.
Además, el tribunal subrayó el principio de subsidiariedad, señalando que la Corte Penal Internacional (CPI) ya mantiene una investigación abierta sobre la situación en Venezuela, lo que otorga prioridad al organismo de La Haya.
La querella fue impulsada por la activista Dulce Bravo de Ocando, quien acusaba a Rodríguez Torres de ordenar torturas y violaciones en su contra, y a Ortega Díaz de haber ignorado estas denuncias durante su gestión en el Ministerio Público (MP).
Aunque la Audiencia Nacional (AN) reconoció que los relatos describen actos atentatorios contra la integridad moral, concluyó que la justicia española debe apartarse cuando existe un tribunal internacional trabajando sobre los mismos hechos.
Con esta resolución, el caso queda fuera del alcance penal de Madrid, dejando cualquier futura acción en manos de la justicia internacional.
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